CSIF alerta de la «alta» siniestralidad laboral en Castilla-La Mancha: «74 accidentes diarios y 48 fallecidos en 2025»

TOLEDO 28 Abr. –

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este martes alertando de la «alta» siniestralidad que sufre Castilla-La Mancha, donde el pasado año, según estima, se produjeron 74 accidentes al día y perdieron la vida 48 personas.

Para CSIF, el «deterioro» de la cultura preventiva y de las condiciones de trabajo están detrás de la «elevada» siniestralidad que ya en los dos primeros meses del año se ha cobrado ocho vidas, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, seis más que en el mismo periodo de 2025, lo que apunta a «una involución en materia de seguridad y salud laboral».

No en vano, a pesar de que descendieron el número de accidentes mortales en 2025 frente a los 58 de 2024, Castilla-La Mancha continúa como la comunidad autónoma con el índice de siniestralidad laboral mortal «más alto» de toda España (5,32 muertes por cada 100.000 habitantes), y con Cuenca como la provincia con el índice más alto (12,62 muertes por cada 100.000 habitantes) con 10 fallecidos.

La responsable de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Gutiérrez, señala que «estos datos son intolerables, estamos hablando de que no se está garantizando algo tan fundamental como derecho a una vida laboral segura, saludable y digna en los centros de trabajo».

Desde CSIF se reclama «una verdadera implicación» de todos los agentes relacionados con la prevención (Gobierno central y autonómicos; empresas, administraciones, mutuas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, servicios de prevención, personas trabajadoras y representantes sindicales) y que asuman su responsabilidad, ya que «hasta que no haya una conciencia colectiva de la tragedia que supone un accidente laboral y haya una inversión real no podremos avanzar», añade Gutiérrez.

No en vano, coincidiendo con la aprobación del anteproyecto para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, CSIF advierte de que esta norma «fracasará» por falta de recursos e inversión. «La salud laboral es un problema estructural por falta de recursos humanos, medios materiales y presupuesto específico, lo que explica el mal funcionamiento de la prevención de riesgos laborales en administraciones y empresas en España».

En Castilla-La Mancha, la industria manufacturera (6.233 accidentes), construcción (3.905 accidentes), comercio con reparto en vehículo de motor (2.923), actividades administrativas y servicios auxiliares (2.128) y transporte y almacenamiento (2.076) son los sectores que registran mayor número de accidentes laborales; en la región se registraron en 2025 un total de 27.122 accidentes: 74,3 accidentes al día, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Entre las causas sobresalen las caídas, pérdida de control total o parcial de equipos de trabajo o materiales, golpes, sobresfuerzo físico y accidentes de tráfico, que se desarrollan principalmente en lugares de producción (fábricas y talleres), restaurantes, centros sanitarios, obras de construcción y rehabilitación y en lugares de venta de productos (incluida la ambulante).

Además, CSIF advierte sobre los accidentes y enfermedades profesionales que no se comunican: los riesgos psicosociales, la sobrecarga crónica, el estrés continuo, el acoso, las agresiones a profesionales o la exposición a agentes biológicos o tóxicos siguen siendo invisibilizados y normalizados.

La nueva norma estatal recoge numerosas propuestas de CSIF en materia de refuerzo al cuidado de la salud mental o la desconexión digital, pero en la actualidad hay una falta de inversión flagrante que limita la formación, la implantación de medidas preventivas reales y la adaptación de los puestos de trabajo. Esta situación convierte la prevención en un mero trámite burocrático en lugar de una herramienta efectiva de protección.

Para lograr una cultura preventiva real, CSIF exige regulación de ratios mínimos de técnicos de prevención, inspectores de trabajo, profesionales de medicina y enfermería del trabajo, así como un aumento de plantillas de los servicios de prevención, garantizar presencia real de prevención en centros de trabajo, no solo centralizada y reclasificación a Técnicos Superiores de PRL a grupo A1.

También propone cobertura de seguro de responsabilidad civil profesional y defensa jurídica, formación y desarrollo profesional continuo, estableciendo formación de especialización mínima de 150h/anuales y gratuita; cumplimiento de la legislación contratando personal sanitario con la titulación requerida por Ley, terminar con la figura no legal del ‘médico reconocedor’, incorporar personal de psicología y mediadores, refuerzo de la Inspección de Trabajo y seguimiento de sectores con mayor riesgo, entre otros.