CSIF advierte que C-LM supera los 55.000 empleados públicos temporales

TOLEDO 26 Ago. –

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha denunciado un aumento de la temporalidad en la Función Pública de Castilla-La Mancha, señalando que alcanza el 37,8% del total de empleados públicos, muy lejos del 8% establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Los últimos datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (EPSAP), que publica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, relativos a enero de 2026, revelan que más de uno de cada tres empleados públicos en Castilla-La Mancha dentro de un colectivo formado por 146.022 trabajadores tiene una vinculación no permanente con la Administración, según ha trasladado CSIF en un comunicado.

Así, el sindicato apunta que la región cuenta con 55.178 trabajadores públicos temporales, de los cuales 32.364 son funcionarios interinos, 22.530 laborales temporales y 284 eventuales.

Según los datos, los sectores más afectados son las administraciones locales, donde la temporalidad alcanza el 54%; el Sescam, con el 47,6% de su plantilla en situación temporal (prácticamente uno de cada dos trabajadores del Sescam), y Educación, con el 30,8% de interinidad (9.844 docentes).

«El dato es especialmente preocupante porque lejos de reducirse, la temporalidad no para de aumentar: en julio del pasado año era del 35,5% y en enero de 2025 era del 33,5%, lo que representa un aumento interanual de 4,3 puntos porcentuales», han señalado desde el sindicato.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Lorenzo Domínguez, ha declarado que «la precariedad no puede seguir siendo el modelo de gestión de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, además de sanciones ejemplares más allá de la mera responsabilidad administrativa, es preciso convocar ofertas de empleo público mucho más amplias que cubran todas las necesidades estructurales y reducir los plazos de ejecución de los procesos selectivos».

Para el sindicato, el incremento refleja «los constantes incumplimientos que están llevando a cabo el conjunto de administraciones a pesar de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y evidencia que los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021 no han resuelto el problema estructural».

CSIF ha reclamado el establecimiento de sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables para los responsables de las administraciones que sigan abusando de la contratación temporal. Además, reclaman que tras el acuerdo alcanzado con CSIF, el Gobierno central debe eliminar la tasa de reposición para que las administraciones puedan realizar ofertas de empleo público en función de sus necesidades.