Consejo Gobierno aurotiza a Transportes licitar un contrato de 27 millones para conservar 138 km de carreteras en Toledo

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Toledo, con un valor estimado de 27 millones de euros (IVA no incluido).

La duración, informa el Ejecutivo central, es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Este contrato está destinado al mantenimiento y conservación de 138,140 km de carreteras del sector nº03 de la mencionada provincia, incluyendo 47 km de autovía. Las carreteras incluidas, además de diversos enlaces, son la autovía A-42, entre el límite con la Comunidad de Madrid en Casarrubuelos (km 30) y Burguillos de Toledo (km 77), y la carretera N-401, entre Burguillos de Toledo (km 79) y el límite con la provincia de Ciudad Real (km 149). También se va a actuar en varios tramos de la N-401A, entre los km 49 y 111.

Junto a las carreteras mencionadas, será objeto del contrato la mejora del drenaje longitudinal entre los km 56,286 al 57,550 de la autovía A-42.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los 5 años desde el inicio del contrato.

De este modo, la empresa adjudicataria se compromete a presentar dicho plan, en el que, la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o bien, mediante otras opciones.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido este Ministerio: 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad); 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles); 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.