Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía y Scrats trasladan un informe a Aagesen para mantener el Tajo-Segura

VALÈNCIA/TOLEDO 27 Oct. –

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina, junto con los consejeros del ramo de Murcia, Sara Rubira, y Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, han enviado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, un informe sobre el trasvase Tajo-Segura, con el objetivo de reclamar su mantenimiento.

Según señalan en el texto que acompaña el informe, los tres territorios comparten «una dependencia estructural del trasvase Tajo-Segura para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones».

Los consejeros y regantes trasladan a la ministra que los recientes anuncios y propuestas relativas a la modificación de las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura han generado una «profunda preocupación» entre las instituciones y los sectores productivos de estas tres regiones que generan un valor agrario «muy elevado» y representan un 42,5 por ciento del Valor Agregado Bruto nacional y a 4,2 millones de ciudadanos «que dependen directa e indirectamente del agua trasvasada para garantizar su calidad de vida y su empleo».

Así, advierten que una reducción estructural de los caudales trasvasables tendría un «importante impacto» sobre la sostenibilidad de la agricultura de regadío, «que ya ha hecho importantes esfuerzos de modernización y mejora de la eficiencia en el uso del agua»; el abastecimiento a poblaciones, especialmente en épocas de sequía prolongada; la economía y el empleo en sectores «estratégicos» como el agrario, la industria agroalimentaria o el turismo rural y el «equilibrio territorial y la cohesión social» en las regiones.

Por este motivo, le trasladan que han elaborado un informe «riguroso» que analiza la situación actual del trasvase. «Desde la lealtad institucional y el respeto al marco legal vigente, solicitamos que sea estudiado con detenimiento y que se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos», apuntan los responsables de agua de las tres CCAA.

En el informe se solicita la paralización de las nuevas normas de explotación «porque consuman el injustificado recorte del agua a Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana»; una igualdad de trato entre los usuarios del Tajo y del Segura o inversiones urgentes en modernización de regadíos. En este sentido, el informe señala que es «fundamental» que, según lo previsto en el Plan Hidrológico del Tajo, se inviertan 68 millones de euros para llevar a cabo esta modernización y conseguir un ahorro de hasta 100 hm3, unos ahorros que se deben de utilizar para cubrir el caudal ecológico del Jarama.

Asimismo, el informe ve necesario criterios comunes para determinar los caudales mínimos. «En el Plan que nos recortan el agua, porque nos ponen un caudal mínimo, se dice que los criterios deben ser los mismos para toda España. El Tajo, con un caudal natural de 617 hm3/año se le exige un caudal mínimo de 8,64m3/segundo. Sin embargo, en el Júcar con un caudal natural de 1.403 hm3/año en Tous se le exige 2,74 m3/segundo. En un mismo país no se puede permitir que ríos con el doble de caudal se les exige la cuarta parte de caudal mínimo. Debería ser justo al revés», expone el informe.

De igual modo, el informe defiende que los caudales ecológicos mínimos «se cumplen siempre, y se han superado ampliamente en los últimos años». «Los caudales ecológicos son irrelevantes en la gestión real que se lleva a cabo en la cabecera del Tajo», afirma.

Asimismo, reclama una «gestión eficiente» en cabecera porque «no debemos mantener el grifo abierto en cabecera por encima de las necesidades» y expone que los regadíos del alto Tajo y del Jarama «no están modernizados y no se tiene constancia de que dispongan de balsas suficientes para regular las aguas que precisan, por lo que sus dotaciones son muy elevadas, excesivas».

«En la cabecera del Tajo se hace uso de 12.000 m3 como media para regar una hectárea mientras que los usuarios del trasvase utilizan 5.200 m3 por hectáreas», apunta el informe, que también concluye que en los desembalses hacia el Tajo para cubrir las necesidades de los regadíos de diversos municipios castellanomanchegos «se llega a desaprovechar de promedio unos 100 hectómetros cúbicos anuales, curiosamente el mismo volumen que el Ministerio pretende recortar del Trasvase».

El informe considera que la existencia del trasvase Tajo-Segura «nada tiene que ver con los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni en lo que se refiere a la cantidad de agua»; que las reglas de explotación «nada tienen que ver con los problemas de calidad y cantidad en Toledo» ni «tienen ninguna relación con las demandas de uso y restricciones ambientales en la cuenca y solo perjudica a los receptores del trasvase».

Por último, entiende que la cantidad de agua que se precisa para satisfacer las demandas y exigencias ambientales del Tajo se está desembalsando «con creces» desde los embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) y denuncia «opacidad y falta de transparencia» ya que sostiene que la información que facilita la CHT es insuficiente para analizar «cómo se está gestionando la cuenca y cómo se van a resolver sus problemas reales». «Con la información que facilita la CHT se puede hacer un seguimiento preciso de los caudales que se derivan al acueducto Tajo-Segura, pero no se puede llevar a cabo ese mismo seguimiento de los caudales que van hacia Portugal», recalca.

Además, adjuntan un estudio elaborado por los regantes también a los efectos de cuantificar los efectos socioeconómicos del trasvase, donde se contemplan todas las actividades económicas vinculadas al agua transferida con destino a regadío en el año 2024.

Los consejeros de las tres autonomías sostienen que sería «imprescindible que se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua».

En la carta le trasladan que confían en su «sensibilidad» hacia la realidad de esta zona y «en su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad». Al mismo tiempo le reiteran su disposición para mantener una reunión donde abordar estos asuntos «con la profundidad y responsabilidad que merecen».