Coceder pide reforzar los protocolos contra la discriminación de migrantes en los servicios públicos rurales

MADRID/TOLEDO 24 Ene. –

La Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Coceder) considera «prioritario» revisar y fortalecer los protocolos institucionales de prevención y atención ante la discriminación de migrantes en los servicios públicos, «garantizando que sean claros, accesibles y conocidos por todo el personal».

Así lo pone de manifiesto en el informe ‘Análisis sobre las actitudes hacia las personas migrantes entre las personas profesionales en las zonas rurales’, que evalúa el impacto de diversas acciones formativas desarrolladas a lo largo de 2025 en distintos ámbitos profesionales clave del medio rural: educativo, sanitario, social y de la administración pública.

El informe concluye que las formaciones, realizadas a 203 profesionales en modalidad online y presencial, han tenido un impacto «positivo» en las personas participantes, observándose mejoras en las actitudes, en la disposición hacia la inclusión de las personas migrantes y en la atención a la diversidad.

Según el análisis, uno de los principales logros ha sido el aumento de la conciencia crítica sobre prejuicios, estereotipos y prácticas de racismo institucional que pueden influir en el ejercicio profesional cotidiano. «Aunque en muchos casos las personas participantes partían de un nivel elevado de sensibilización, la intervención ha permitido afianzar una comprensión más ajustada de la diversidad cultural y social, reforzando enfoques basados en derechos», apunta.

Las acciones formativas estuvieron dirigidas a profesionales que trabajan en contacto directo con población migrante en zonas rurales. En el ámbito educativo, las sesiones se centraron en la integración del alumnado migrante, la atención a la diversidad lingüística y cultural, el diseño de planes de acogida y proponer enfoques multiculturales en los contenidos.

En sanidad, destaca los determinantes sociales de la salud, el derecho a la atención sanitaria y la mejora de la respuesta del sistema a las necesidades de las personas migrantes.

Por su parte, las formaciones dirigidas a profesionales del tercer sector y de los servicios sociales abordaron, entre otros aspectos, la identificación de víctimas de trata, la protección de la infancia migrante, la prevención del discurso de odio, metodología de acogida a solicitantes de protección internacional y el abordaje de la salud mental asociada a la migración.

En el caso de la administración pública local, los contenidos se orientaron a la gestión de la diversidad, la lucha contra la discriminación y el fortalecimiento de unos servicios públicos inclusivos y antirracistas.

Todas las formaciones se estructuraron en dos módulos de dos horas cada uno e incorporaron un enfoque transversal de género, atendiendo a la realidad diferenciada de mujeres y hombres en los procesos migratorios. Para medir el impacto de las acciones, se aplicó un cuestionario pre y post intervención, con preguntas de verdadero/falso y escalas tipo Likert.

El estudio señala que, pese a los avances logrados, estos deben consolidarse en el tiempo. «La ausencia de acciones de refuerzo y seguimiento podría limitar la estabilidad de los cambios observados, especialmente en contextos donde persisten estereotipos y un contacto limitado con la diversidad», advierte.

Entre las principales recomendaciones, Coceder destaca la necesidad de dar continuidad a las acciones formativas, reforzando su orientación práctica y su vinculación con situaciones reales del desempeño profesional.

El informe también subraya la importancia de seguir trabajando sobre los «prejuicios persistentes» desde la evidencia, la reflexión crítica y el conocimiento de experiencias reales de personas migrantes, así como de mejorar la accesibilidad y la comunicación intercultural en los servicios, mediante recursos de interpretación, traducción y adaptación de los mensajes.

Por último, recomienda optimizar los sistemas de evaluación de las intervenciones formativas, incorporando instrumentos que permitan medir con mayor precisión los cambios en actitudes, conocimientos y prácticas profesionales.

«En un contexto rural donde la percepción sobre la inmigración suele estar condicionada por el desconocimiento y la persistencia de estereotipos, este análisis refuerza la idea de que la sensibilización y formación del personal profesional es clave para promover servicios más inclusivos y una convivencia rural más justa y equitativa», recalca.

En este análisis y proceso de evaluación han participado los centros de desarrollo rural asociados a Coceder en Castilla y León (CDR AFA Bierzo; CDR Carrión de los Condes y CDR Carrión y Ucieza, Palencia; CDR El Sequillo Valladolid), Castilla La Mancha (CDR Las Espigas Cuenca) Aragón (CDR Asociación Cultural Grío, Zaragoza), y Extremadura (CDR Cerujovi Badajoz), que han acompañado y apoyado la implementación de las formaciones, así como la recogida y análisis de datos.