Valverde pide a la Junta «menos burocracia y más agilidad en la tramitación ambiental» de proyectos estratégicos

CIUDAD REAL 15 Oct. –

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reclamado este miércoles «menos burocracia y más agilidad en la tramitación ambiental de proyectos estratégicos» durante la inauguración del tercer vaso de vertido del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), situado en el término municipal de Almagro y muy próximo al municipio de Bolaños de Calatrava.

Se trata de una actuación que ha supuesto una inversión de 6,5 millones de euros y que permitirá garantizar el tratamiento de residuos en la provincia durante la próxima década.

Valverde, que ha estado acompañado por el presidente del Consorcio RSU, Carlos Villajos, el gerente, José Manuel Labrador, y por la portavoz del Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha agradecido a los medios de comunicación su presencia «en un día en que hablamos de algo que muchas veces pasa desapercibido, pero que nos afecta a todos, la gestión de los residuos».

Ha precisado que el RSU da servicio a casi 90 municipios de la provincia y que el nuevo vaso «debe ser el último en el que se deposite basura sin reciclar, porque la ley marca que en 2035 no podrá haber residuos en vertederos». «Estamos avanzando hacia un escenario de residuo cero, y para eso es esencial la concienciación ciudadana», ha añadido.

Valverde ha explicado que el impuesto por depósito en vertedero, establecido por ley, debe ser asumido por los generadores de residuos, es decir, por los ciudadanos, por lo que la Diputación no puede hacer frente a ese gasto, al tiempo que ha recordado que el pasado año la institución provincial «tuvo que intervenir de manera extraordinaria para evitar que el Consorcio entrara en una situación crítica y para que no se subieran las tarifas municipales».

Ha detallado en otro momento de su intervención que este año la Diputación ha destinado 4,5 millones de euros de aportación ordinaria y 6 millones adicionales para amortizar la deuda del Consorcio, lo que ha permitido al RSU «afrontar el futuro con estabilidad económica y funcional».

En cuanto a lo más inmediato, Valverde ha anunciado que el próximo mes de marzo todos los municipios de la provincia deberán disponer ya del contenedor marrón, el correspondiente a la materia orgánica, «un paso decisivo hacia la correcta separación de residuos y el cumplimiento de la normativa europea».

No ha dudado en agradecer el trabajo del presidente del Consorcio, Carlos Villajos, y del gerente, José Manuel Labrador, así como de todos los técnicos y operarios implicados en el proyecto del tercer vaso de residuos, que ha sido ejecutado por Tragsa.

También ha tenido palabras de reconocimiento para los municipios de Almagro y Bolaños de Calatrava, «que desde hace más de treinta años soportan las molestias que implica acoger los residuos de toda la provincia, haciendo un esfuerzo mayúsculo por el bien común».

Valverde ha cerrado su intervención reclamando al Gobierno regional que «las tramitaciones ambientales no se conviertan en un obstáculo al interés general», subrayando que «en proyectos de esta envergadura, no se puede tardar años en resolver una autorización ambiental que la ley fija en seis meses». «Algo habrá que hacer –ha señalado–, porque los trámites ambientales en Castilla-La Mancha son demasiado largos y distantes de las necesidades reales».

Por su parte, el gerente del Consorcio RSU, José Manuel Labrador, ha explicado que la obra «da solución a uno de los principales problemas con los que se encontró el Consorcio en los últimos años, la saturación de la celda 2, que estaba al límite de su capacidad».

Ha lamentado que «la tramitación ambiental se demorara más de dos años, cuando la normativa fija un máximo de seis meses», y ha reconocido que esa lentitud «obligó a buscar financiación en condiciones menos favorables y a trabajar durante meses en una situación de emergencia».

Labrador ha destacado que el nuevo vaso cuenta con una capacidad de 2,1 millones de metros cúbicos de vertido, un sistema de impermeabilización de siete capas protectoras y un avanzado sistema de drenaje y desgasificación, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que el Consorcio está ejecutando proyectos Next Generation por valor de cinco millones de euros, destinados a implantar la recogida del biorresiduo y modernizar las plantas de tratamiento, «lo que permitirá que en marzo todos los municipios tengan contenedor marrón o compostaje comunitario».

Labrador ha comenzado su intervención con un recuerdo para Marisol Cuesta, jefa de Prevención de Riesgos Laborales del Consorcio, quien falleció el pasado verano, «ya que dedicó mucho esfuerzo a esta obra». Y ha agradecido al presidente de la Diputación «su compromiso constante con el RSU y su sensibilidad ambiental, especialmente en materia de agua y residuos».

El presidente del Consorcio RSU, Carlos Villajos, ha tomado la palabra para resaltar que la nueva celda de vertido «era absolutamente necesaria y urgente para garantizar el correcto funcionamiento de la planta y del sistema provincial de recogida. Y ha agradecido a los técnicos, al personal del RSU y a la empresa constructora TRAGSA su profesionalidad.

Villajos ha indicado que solo falta la licencia del Ayuntamiento de Almagro para poder empezar a verter residuos, «que esperamos llegue en los próximos días». A continuación, ha mostrado su gratitud a la Diputación por su respaldo económico al Consorcio. «Gracias, presidente, por los 4,5 millones anuales de aportación y por la amortización de casi 5 millones de deuda, que permitirán mantener las tarifas y seguir prestando un servicio de calidad a los vecinos», ha comentado.

De igual manera, ha recordado que la rápida intervención de la Diputación en 2023 «evitó un grave problema derivado del impuesto de vertido, que no fue comunicado a los ayuntamientos».

La inauguración del tercer vaso de vertido del Consorcio RSU de Ciudad Real marca un hito en la gestión medioambiental de la provincia, garantizando la continuidad del servicio de tratamiento de residuos a los municipios consorciados –alrededor de 90– y avanzando hacia un modelo más sostenible, en línea con las exigencias de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.