Un empresario de Ciudad Real se enfrenta a 15 años de cárcel por abusar de su empleada con un 65% de discapacidad

CIUDAD REAL 27 Feb. –

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes, 3 de marzo, a B.O.F., un empresario acusado de un delito continuado de agresión sexual a una trabajadora de su empresa, con un 65% de discapacidad psíquica reconocida, y por el que la Fiscalía pide 15 años de prisión.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, la denunciante trabajaba como empleada en la empresa de limpieza del acusado, con quien inició una relación sentimental paralela al matrimonio entre 2019 y 2023, produciéndose «encuentros frecuentes en los centros de trabajo donde ella prestaba servicios».

El Ministerio Fiscal sostiene que, entre julio de 2022 y febrero de 2023, esos encuentros pasaron a tener carácter sexual y se produjeron en comunidades de vecinos donde la víctima prestaba sus servicios, en la oficina del acusado e incluso en el domicilio familiar del acusado, aprovechando que la familia del mismo no se encontraba en él.

Siempre según la fiscalía, el empresario, con conocimiento de la discapacidad de la trabajadora, habría aprovechado su situación de especial vulnerabilidad para mantener relaciones sexuales vía oral.

El informe médico forense, según consta en el escrito fiscal, recoge que la denunciante no se encontraba en condiciones óptimas de conciencia y voluntad para consentir libremente este tipo de prácticas sexuales, dada su patología psiquiátrica y su condición de persona influenciable, especialmente frente a la figura del acusado como su jefe.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita para el acusado una pena de 15 años de prisión por un delito de agresión sexual con acceso carnal por vía bucal, además de diversas medidas accesorias y una indemnización de 30.000 euros.

Además, la Fiscalía solicita la prohibición de aproximación a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio durante 20 años.

También pide la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que implique contacto regular y directo con menores durante 20 años y la imposición de la medida de libertad vigilada durante 10 años tras el cumplimiento de la pena.