Trabajadores de Justicia presentan queja por la «precariedad» del órgano comarcal de violencia de género en Ciudad Real

CIUDAD REAL 13 Feb. –

Los funcionarios del Área Penal del Tribunal de Instancia han presentado una queja formal ante la Junta de Personal por la situación «insostenible» y de «grave precariedad» que sufre el nuevo órgano Comarcal de Violencia sobre la Mujer, que tiene competencia en los Tribunales de Instancia de Almagro, Ciudad Real, Puertollano y Valdepeñas, con sede en Ciudad Real.

Los trabajadores denuncian que este órgano, cuya materia es de una sensibilidad extrema, ha iniciado su actividad sin una plantilla orgánica propia.

Para suplir esta carencia, se quejan en un comunicado, el Ministerio de Justicia «ha impuesto turnos rotatorios obligatorios entre el personal de otras áreas penales».

Según el escrito, esta medida está «desmantelando» la organización de los servicios comunes de origen y perjudica gravemente la continuidad de los procedimientos judiciales.

Los trabajadores denuncian que la falta de planificación del Ministerio de Justicia está comprometiendo un servicio tan sensible como la atención a víctimas.

Afirman que el órgano funciona sin puestos de trabajo definidos (RPT), obligando al personal de otras áreas a cubrir el servicio mediante turnos rotatorios forzosos.

La mayoría de los funcionarios obligados a cubrir estos turnos «no tienen experiencia previa en Violencia de Género ni han recibido la formación necesaria para asistir a víctimas vulnerables».

Añaden que «las estadísticas del primer mes y medio de funcionamiento reflejan un volumen de expedientes imposible de gestionar con los medios actuales».

Los firmantes manifiestan un sentimiento generalizado de desprotección y demandan una creación inmediata de una RPT (Relación de Puestos de Trabajo), la dotación de una plantilla propia, fija y estable para el órgano comarcal, personal de refuerzo así como formación específica, con planes de formación técnica y de asistencia a las víctimas para el personal asignado.

El colectivo subraya que, aunque la lucha contra la violencia de género es una prioridad social, «esta no puede recaer sobre la precariedad laboral y el esfuerzo personal de los trabajadores» y en la «improvisación».

Por ello, instan al Ministerio de Justicia, a una solución urgente que garantice la calidad del servicio público de justicia en Ciudad Real.