Supremo condena al Ayuntamiento de Puertollano a pagar 405.000 euros a una guardería que cerró porque no era «rentable»

CIUDAD REAL 26 Mar. –

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba al consistorio a abonar a la empresa Servicios Infantiles Dulcinea la suma de 405.807 euros tras declarar conforme a derecho la renuncia realizada por la empresa al contrato de concesión a 50 años para uso privativo de la parcela que ocupó mientras desempeñó su actividad en la ciudad industrial.

El motivo aducido por la empresa para abandonar el proyecto fue que la concesión administrativa no cumplió con las expectativas de rentabilidad iniciales.

La resolución del Tribunal Supremo ha sido anunciada en el pleno municipal de este jueves por el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, que ha incluido el importe de la sentencia en la modificación de créditos por valor de 2,6 millones de euros aprobada este jueves, principalmente para amortizar la deuda del consistorio hasta un 94%.

En abril de 2024 el Supremo admitió a trámite el recurso de casación del Ayuntamiento de Puertollano contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 11 de octubre de 2022. Los magistrados dan la razón a la antigua guardería, concesionaria de la escuela infantil que estuvo situada detrás del hospital de la ciudad minera, que tras cerrar y renunciar a la concesión reclamó inicialmente al Ayuntamiento 671.755 euros en concepto de indemnización por las obras ejecutadas, pues consideraba que la ocupación del mencionado servicio no es suficiente para amortizar la inversión realizada, y que la inversión y el equipamiento revertirán al municipio tras la petición de renuncia unilateral de la explotación, realizada el 31 de agosto de 2018. Esta solicitud fue desestimada por el consistorio.

El motivo aducido por la empresa para abandonar el proyecto fue que la concesión administrativa no cumplió con las expectativas de rentabilidad iniciales.

En su sentencia, los magistrados argumentaban su resolución apoyándose en otras resoluciones judiciales que abordan problemáticas con «evidente identidad sustancial» a la que afecta al Ayuntamiento y a la empresa Dulcinea. En este contexto los magistrados recalcan que se trataba de la concesión de una actividad privada de interés público cuyo pliego contemplaba la extinción resolutiva del contrato de concesión por renuncia del contratista sin que se prevean los motivos ni los efectos de la misma, lo que supone una «laguna regulatoria» del pliego.

La empresa fue beneficiaria desde el año 2007 de una cesión de suelo público por 50 años y un canon simbólico de 50 euros. Por esta escuela pasaron más de 750 niños y niñas, formados por más de 100 educadores infantiles en su centro de formación. Desde su cierre, se han registrado al menos dos incendios en sus abandonadas instalaciones.

En el pleno de este jueves el Ayuntamiento de Puertollano ha aprobado en sesión plenaria un expediente de modificación de créditos por un importe total de 2.610.807,33 euros. La medida tiene como finalidad atender diferentes necesidades económicas municipales, entre ellas la reducción de deuda, el cumplimiento de obligaciones derivadas de resoluciones judiciales y la financiación de actuaciones en la ciudad.

El expediente contempla tres líneas principales de actuación. En primer lugar, se destinan 405.807,33 euros a la ejecución de la sentencia del año 2022 relacionada con la guardería infantil Dulcinea. Asimismo, se consignan 25.000 euros para el incremento del convenio con Emplealia, con el objetivo de reforzar programas de inclusión social y laboral. Por último, se asignan 2.180.000 euros a la amortización de préstamos a medio y largo plazo.

De otro lado, el Pleno de la Corporación ha aprobado por mayoría, con la abstención del grupo popular, una moción del grupo municipal socialista que solicita elaborar un Plan Municipal de Reducción Progresiva del uso de herbicidas en espacios públicos que establezca objetivos concretos para disminuir el uso de productos fitosanitarios en parques, jardines, alcorques, zonas verdes y otros espacios urbanos.

También insta a incorporar criterios de salud pública y protección de población vulnerable en la planificación y ejecución de tratamientos fitosanitarios en espacios urbanos, priorizando la reducción de la exposición de la ciudadanía a este tipo de productos.

El Pleno ha registrado momentos de tensión cuando el alcalde Miguel Ángel Ruiz y el concejal socialista Francisco José García han cruzado recriminaciones por el cumplimiento o incumplimiento del derecho de intervención amparado en el Reglamento Orgánico ROF.

Antes, en el turno de ruegos y preguntas, el edil socialista había avanzado que el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha había requerido al Ayuntamiento, tras la denuncia del PSOE, a actualizar el Portal de Transparencia con las retribuciones de los cargos públicos, donde ya consta, entre otros datos, una retribución bruta anual del alcalde 76.318,76 euros. En este sentido el concejal socialista ha subrayado que el primer edil del PP «cobra más que el último alcalde socialista del PSOE, lo que demuestra que mintió cuando prometió lo contrario».

La respuesta del alcalde ha sido negar que cobrara ese dinero, que esa cifra es «errónea», que cobra algo más de 50.000 euros como alcalde y que se «bajó el sueldo» en el inicio de legislatura para cobrar menos que el anterior regidor.

En un momento dado el alcalde ha pedido al concejal que «deje ese tono altivo». «¿Pero usted quién se cree que es? ¿Quién se cree que es para decir qué tono tengo yo?», le ha espetado el socialista, a quien el alcalde ha respondido que se «comporte» porque «está demostrando que no tiene ninguna educación y le tendré que retirar la palabra». «¡Retíremela!», ha exclamado varias veces su oponente político, en un clima de brusquedad dialéctica.