Piden 4 años para un empresario ecuatoriano de Bolaños por explotar a inmigrantes irregulares en el campo

CIUDAD REAL 25 Abr. –

La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los próximos 28 y 29 de abril a J.F.G.S., un empresario natural de Ecuador y afincado en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores por emplear a varios ciudadanos extranjeros en situación irregular en explotaciones agrícolas de la provincia.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado habría desarrollado esta actividad con su empresa Agroservicios Dumisan S.L. al menos entre enero de 2021 y febrero de 2022, contratando a inmigrantes sin autorización de residencia ni trabajo, sin darles de alta en la Seguridad Social ni formalizar contratos, y sometiéndolos a «condiciones laborales precarias y abusivas».

El fiscal sostiene que el empresario se «aprovechaba de la vulnerabilidad» de estas personas, muchas de ellas llegadas a España en patera, imponiéndoles jornadas de entre 9 y 11 horas diarias, en ocasiones sin descanso semanal, con salarios de alrededor de 40 euros al día, de los que además descontaba gastos como el transporte o el alojamiento.

Los testimonios recogidos en el escrito describen también un clima de presión y amenazas, en el que el acusado advertía a los trabajadores de que no cobrarían si dejaban el empleo o les instaba a continuar trabajando pese a accidentes laborales, para evitar posibles denuncias o inspecciones.

Asimismo, según la acusación, el empresario prometía en algunos casos regularizar la situación administrativa de los trabajadores a cambio de cantidades económicas o deducciones en sus salarios, compromisos que no habría cumplido.

El escrito detalla además que varios de los trabajadores no percibieron retribución durante semanas o meses, y que algunos fueron obligados a realizar tareas como conducir vehículos sin permiso para transportar a otros empleados entre fincas.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita para el acusado cuatro años de prisión, además de una multa de diez meses con cuota diaria de 12 euros.