Los Servicios Sociales de Ciudad Real alertaron a la Junta de la situación familiar del bebé fallecido

CIUDAD REAL 15 Dic. –

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha defendido que los Servicios Sociales municipales trasladaron a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en varias ocasiones desde 2023, la situación de la familia del bebé fallecido el pasado viernes, cuyos padres se encuentran detenidos por su presunta implicación en la muerte del menor.

Así lo ha confirmado, a preguntas de los medios de comunicación durante una rueda de prensa, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, que ha señalado que el Consistorio trasladó a la Administración autonómica, competente en materia de protección de menores, tanto la petición expresa de la abuela materna para hacerse cargo de la custodia de los tres menores –la madre tenía otros dos hijos de otra relación– como las valoraciones elaboradas por los Servicios Sociales municipales.

Arroyo ha explicado que, pese a estas comunicaciones reiteradas, la respuesta recibida por parte de la Junta de Comunidades fue siempre la misma, al considerar que debía darse «una nueva oportunidad» a los padres del bebé fallecido.

En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene la competencia directa para adoptar decisiones sobre la tutela de los menores, pero sí la obligación de informar y poner en conocimiento de la administración autonómica las situaciones detectadas por los profesionales.

El portavoz municipal ha remarcado que, dentro de sus responsabilidades, el Ayuntamiento mantuvo un seguimiento continuado del caso y remitió toda la información disponible a la Junta, incluyendo la solicitud formal de la abuela y también la opinión profesional de los trabajadores sociales.

Los padres del bebé fallecido se encuentran este lunes en dependencias judiciales a la espera de prestar declaración ante el juez, quien determinará el grado de implicación de los progenitores en el fallecimiento del menor.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García, desde un acto en Socuéllamos, ha apelado a la cautela a la espera de que se conozca la resolución judicial, al encontrarse el caso bajo secreto.

La consejera ha explicado que los servicios sociales autonómicos venían interviniendo con la familia desde hace años, con un seguimiento continuado por parte de los profesionales y una relación directa con el entorno familiar.

En este sentido, ha indicado que existía «un trato muy directo y cercano a través de nuestros profesionales sobre las situaciones que se daban en el hogar y con una comunicación muy directa con la abuela materna».

La consejera ha reconocido el impacto causado por lo sucedido y ha señalado que se está a la espera de que avance la investigación judicial.