Exalcalde Puertollano defiende legalidad del contrato del Cerrú y Fiscalía mantiene acusación por prevaricación

CIUDAD REAL 5 Feb. –

El exalcalde de Puertollano, el socialista Joaquín Hermoso Murillo, y el que fuera entonces secretario municipal en el Ayuntamiento, Juan Luis Vázquez, han defendido la legalidad del contrato suscrito para la construcción del estadio de fútbol del Cerrú, en el juicio el que ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Ambos se han sentado este jueves en el banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Ciudad Real, por un presunto delito de prevaricación administrativa por la forma en la que se impulsó en 2007 la construcción del estadio de fútbol del Cerrú.

La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento firmó un contrato de permuta con una empresa privada para levantar el estadio a cambio de parcelas municipales sin tramitar un expediente administrativo ni convocar concurso público, prescindiendo de los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la ley.

Según la acusación, el acuerdo se firmó antes de su aprobación plenaria y las actuaciones posteriores no corrigieron esa irregularidad inicial, por lo que se considera que se dictó una resolución arbitraria a sabiendas de su ilegalidad.

Durante su declaración, Hermoso Murillo ha sostenido que no actuó como órgano de contratación y que no firmó ningún contrato de construcción del estadio –cuyo valor superaba los siete millones de euros–, sino un acuerdo para que la propuesta presentada por la empresa Teconsa fuera tramitada conforme a la normativa vigente.

Según ha indicado, la iniciativa partió de la propia mercantil, que contactó con la Concejalía de Urbanismo y ofreció construir el estadio a cambio de parcelas municipales destinadas a vivienda pública, una fórmula que, a su juicio, ya se había utilizado en el Ayuntamiento de Puertollano.

El exalcalde ha reconocido que no se valoraron otras alternativas empresariales ni se licitó el contrato, alegando que el Ayuntamiento no disponía de recursos propios suficientes para ejecutar la obra y solo podía ejecutar la construcción por medio de esta permuta con la empresa.

Hermoso Murillo también ha señalado que, una vez paralizadas las obras por decisión de la mercantil, el Ayuntamiento resolvió el contrato con la empresa inicial y licitó la finalización del estadio por una cuantía inferior, ya con financiación del Plan E.

Ha añadido que el contrato contó con informes favorables de la Intervención municipal y que durante su etapa como alcalde nunca adoptó decisiones contrarias a informes técnicos.

Por su parte, el exsecretario municipal ha afirmado que no detectó ninguna anomalía en el convenio y que por ese motivo dio su visto bueno, al tiempo que ha explicado que el acuerdo incluía dos contratos diferenciados, uno de permuta y otro de ejecución de obra, y que cuando se elevó al Pleno no existió ninguna objeción.

Durante el juicio han declarado también un agente de la UDEF de la Policía Nacional y un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado.

Este último ha señalado que se detectaron irregularidades en la contratación y que, en lugar de tramitar un contrato administrativo conforme a la ley y sacarlo a licitación, se optó por una permuta mediante la cual la promotora se comprometía a construir el estadio sobre suelo municipal a cambio de parcelas que se transferirían una vez ejecutada la obra.

En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal ha modificado su petición de pena y ha solicitado un máximo de seis años de inhabilitación especial para ambos acusados, teniendo en cuenta las dilaciones en la tramitación del procedimiento, en lugar de los nueve que solicitaba inicialmente.

La Fiscalía ha mantenido que concurren todos los requisitos del delito de prevaricación administrativa, al considerar que se eliminó cualquier mecanismo de concurrencia y publicidad y que la operación se articuló de forma arbitraria, sin concurso público ni informes previos, mediante un acto decisorio del alcalde al que se dio posteriormente una apariencia de legalidad formal.