El STR lleva a los tribunales la reestructuración planteada por la dirección de Repsol Puertollano

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 2

El Sindicato de Trabajadores (STR) ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Social de Ciudad Real contra la modificación de estructura organizativa «implantada» por la dirección del Complejo Industrial de Repsol Puertollano.

Según informa el sindicato en nota de prensa, la decisión llega después de la finalización de un proceso iniciado por la empresa el pasado mes de marzo, «que se ha desarrollado con escasa transparencia y sin una voluntad real de negociación con la representación de los trabajadores».

Por su parte, Repsol ha defendido que su estrategia no implica en ningún modo despidos, y responde a una adaptación de su estructura organizativa para adecuar su esquema actual a los retos de transformación industrial del complejo, garantizando la seguridad y la eficiencia, mientras que el personal que ocupa los puestos que se modifican será reubicado a otras posiciones.

No lo ve igual el STR, que asevera que durante todo el proceso manifestaron su oposición a los cambios planteados por la dirección, «advirtiendo reiteradamente de las consecuencias que podrían tener sobre la seguridad de las personas y de las instalaciones».

Los sindicatos del comité de empresa sostienen que estos cambios supondrán la «eliminación» de 36 puestos de trabajo en el complejo petroquímico de Puertollano, 17 en Fuels, 14 en Materials y cinco en RLESA.

«Llevamos meses trasladando a la empresa nuestra preocupación por una reorganización que entendemos que reduce garantías operativas en un entorno industrial de alta complejidad y no compartimos ni el fondo ni la forma en la que se ha llevado a cabo este proceso», señalan desde el STR.

El sindicato considera que la dirección ha optado por imponer «unilateralmente» una medida que afecta a la organización del trabajo sin atender las advertencias realizadas por los representantes de los trabajadores. Por ello, ha decidido acudir a los tribunales para que sea la justicia quien determine si esta modificación se ajusta a derecho y si resulta compatible con la realidad operativa y económica del complejo industrial.

«Cuando se agotan las vías de diálogo y negociación, corresponde a los tribunales analizar si las decisiones empresariales cumplen los requisitos legales exigibles. Nuestra obligación es defender la seguridad, las condiciones de trabajo y el interés de la plantilla», reitera.

El STR asegura que seguirá informando a los trabajadores y trabajadoras sobre la evolución del procedimiento judicial y mantiene su compromiso de actuar «frente a cualquier medida que considere perjudicial para la seguridad industrial o los derechos laborales de la plantilla».