El biometano se abre paso en Castilla-La Mancha como opción sostenible para reducir la factura del gas

CIUDAD REAL 25 Mar. –

El biometano ha irrumpido en el debate energético de Castilla-La Mancha como una de las tecnologías llamadas a transformar el modelo productivo y avanzar hacia la autosuficiencia energética. Su implantación en la región, sin embargo, ha generado rechazo en algunos sectores sociales.

Frente a ello, el catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Castilla-La Mancha y decano de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas de la UCLM en Ciudad Real, Manuel Rodrigo, ha defendido que se trata de una solución «no solo viable ambiental y económicamente, sino con todas las garantías de seguridad».

En una entrevista concedida a Europa Press, Rodrigo ha explicado que el biometano es un gas que se obtiene mediante la degradación biológica de materia orgánica, procedente de fuentes muy diversas como residuos agrícolas, ganaderos, forestales, industriales o lodos de depuradora.

El proceso, ha detallado, se basa en la acción de bacterias que descomponen esta materia en condiciones anaerobias, generando biogás, compuesto principalmente por metano, dióxido de carbono y otros gases. Posteriormente, ese biogás se somete a un proceso de purificación para eliminar las impurezas y obtener biometano, que ya puede ser utilizado como combustible.

Rodrigo ha subrayado que este proceso no es nuevo, sino que se conoce desde hace décadas. La diferencia, ha apuntado, es que en una planta de biometano los gases se capturan y gestionan de forma controlada, evitando su liberación a la atmósfera e inyectándolo en la red gasística.

«Si dejas un residuo ganadero a la intemperie, esos gases se generan igual, pero se emiten directamente, contribuyendo al efecto invernadero», ha explicado. En este sentido, ha insistido en que el uso de plantas especializadas permite una gestión más sostenible de los residuos, reduciendo emisiones contaminantes y aprovechando recursos que, de otro modo, tendrían un coste económico y ambiental.

Además, el proceso genera un subproducto, el digestato, que puede emplearse como fertilizante o acondicionador del suelo, contribuyendo a mejorar la productividad agrícola y cerrando el círculo de aprovechamiento de los residuos, ya que permite devolver al terreno parte de los nutrientes originales de la materia orgánica tratada, reduciendo así la necesidad de fertilizantes químicos y favoreciendo un modelo más sostenible y eficiente desde el punto de vista agrario y económico.

El catedrático ha defendido que Castilla-La Mancha es una región especialmente adecuada para el desarrollo de esta tecnología, debido a su importante peso agroganadero. «Tenemos muchísimos residuos agrícolas, agroforestales que son susceptibles de ser tratados para generar biometano», ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que la ubicación de estas plantas responde en gran medida a la existencia de infraestructuras gasísticas cercanas, que permiten inyectar el biometano directamente en la red.

«El boom del biometano se debe en gran parte a que ya existe esa infraestructura y hace viable económicamente su aprovechamiento», ha indicado.

Uno de los aspectos que ha querido aclarar Rodrigo es que no existe diferencia entre el gas natural convencional y el biometano desde el punto de vista del consumidor. «Las moléculas no tienen carné de identidad. Da igual que el gas venga de Argelia o de una planta cercana, el poder calorífico y las condiciones son las mismas», ha asegurado.

Esto permite que el biometano pueda inyectarse directamente en la red existente sin necesidad de modificar instalaciones domésticas o industriales. Además, ha defendido que su desarrollo contribuiría a abaratar el precio del gas, con un impacto directo en hogares y empresas.

El desarrollo de plantas de biometano también tendría efectos positivos en la microeconomía, según ha explicado el catedrático. Por un lado, contribuiría a reducir costes energéticos; por otro, generaría empleo asociado a la construcción y operación de estas instalaciones.

Además, muchas de estas plantas se ubican en entornos rurales, lo que podría favorecer la fijación de población y dinamizar económicamente estas zonas, al tiempo que se da solución a problemas ambientales derivados de la gestión de residuos.

En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, especialmente en regiones productoras de gas natural como Oriente Medio, Rodrigo ha destacado el papel del biometano como herramienta para reducir la dependencia energética exterior.

Aunque ha reconocido que no puede sustituir completamente las importaciones, sí ha señalado que permitiría cubrir una parte significativa de la demanda. «Vamos a poder compensar una parte importante y reducir la dependencia de terceros países», ha afirmado.

Rodrigo ha insistido en que se trata de una tecnología plenamente consolidada en Europa, donde existen más de 1.600 plantas en funcionamiento, lo que evidencia su grado de desarrollo y fiabilidad.

En España, ha recordado, ya se utilizan procesos similares desde hace años en instalaciones como las depuradoras de aguas residuales, donde se genera biogás a partir de lodos, lo que demuestra que no se trata de una tecnología desconocida ni experimental y que ya está entre nosotros.

Frente a los temores sociales, ha remarcado que estas instalaciones están sometidas a una estricta normativa ambiental y de seguridad, con controles continuos y exigentes.

«Son plantas químicas con autorización ambiental integrada. Si no cumplen, se cierran de manera inmediata», ha advertido, subrayando que esta autorización implica supervisión constante por parte de la administración competente.

En este sentido, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad, recalcando que es una tecnología «no solo viable ambiental y económicamente, sino que tiene todas las garantías de seguridad», y que, en última instancia, son los gobiernos autonómicos los encargados de velar por que las plantas operen en las mejores condiciones posibles y conforme a la normativa vigente.

Por todo ello, ha concluido que no existen motivos técnicos para rechazar su implantación, al tratarse de una solución «adaptada al medio ambiente, probada durante décadas y con todas las garantías», cuya regulación y control garantizan su compatibilidad con el entorno y la seguridad de la población.