Ciudad Real aumentará la plantilla de la Policía Local y mejorará sus medios para revertir la «sensación de inseguridad»

El Ayuntamiento de Ciudad Real quiere poner en marcha un plan estratégico de seguridad para dar respuesta a la «proliferación de quejas» que el equipo de Gobierno ha detectado en el ámbito de la seguridad, tras la veintena de asambleas vecinales que han mantenido por los distintos barrios de la ciudad desde el final del verano.

Así lo han dado a conocer este martes el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, quienes han presentado Plan Estratégico de Seguridad para la capital, que estará supeditado a la aprobación de los presupuestos municipales para 2026.

Las líneas principales de este plan pasan por aumentar la plantilla de la Policía Local, mejorar sus medios materiales y tecnológicos, reforzar la coordinación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como actuar sobre la «percepción ciudadana de inseguridad», pese a que la capital se sitúa entre las ciudades españolas con mejores datos objetivos en esta materia.

El alcalde ha explicado que este plan nace tras detectar que, en barrios como San Martín de Porres, La Granja, San Antón o El Pilar, entre otros, la seguridad se ha convertido en la principal preocupación vecinal.

Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de seguridad ciudadana, Cañizares ha subrayado que sí le incumbe «la percepción que tienen los vecinos», motivo por el que se ha decidido impulsar una estrategia propia en colaboración con la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre las principales medidas, el equipo de Gobierno se ha comprometido a que Ciudad Real se mantenga por encima de la ratio de agentes recomendada por la FEMP, apostando por el refuerzo progresivo de la plantilla de la Policía Local y por nuevos modelos de servicio, como la «policía de barrio», combinando labores de vigilancia y presencia en función de las necesidades de cada zona.

El plan también contempla un incremento de la dotación material de la Policía Local, con la adquisición de nuevos vehículos, motocicletas y herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías, entre ellas drones, así como una apuesta decidida por la digitalización y la instalación de cámaras de videovigilancia, especialmente en barrios exteriores y zonas próximas a vías de comunicación. Todas estas actuaciones deberán contar con la correspondiente autorización de la Subdelegación del Gobierno.

Cañizares ha reconocido que, pese a que los datos sitúan a Ciudad Real en una posición «privilegiada» en comparación con otras ciudades del conjunto del país, se ha detectado un «incremento de robos, hurtos, ocupaciones ilegales y entradas en domicilios», lo que ha contribuido a generar una «mayor sensación de inseguridad entre la ciudadanía».

El alcalde ha avanzado que los presupuestos municipales de 2026 incluirán partidas específicas para desarrollar este plan, con el objetivo de que, la diferencia entre los presupuestos de 2023 y los de 2026, el esfuerzo económico adicional en materia de seguridad suponga un incremento cercano al millón de euros, tanto para ampliar plantillas como para mejorar la coordinación y los mecanismos de prevención.

Finalmente, ha señalado que el refuerzo de la seguridad «no es solo una cuestión de número de agentes», sino también de cómo se prestan los servicios y de una planificación a medio y largo plazo, ya que la ampliación de plantillas «no es una cuestión que se pueda resolver en un solo año».

A preguntas de los periodistas sobre la Junta Local de Seguridad mantenida el pasado viernes para abordar soluciones a la «problemática» del poblado chabolista de San Martín de Porres, el alcalde ha señalado que no se trata de una situación nueva y que se trata de un «problema social pendiente de resolución por parte de la Administración regional», que desde 2023 cuenta con un plan que no se ha podido desarrollar al no haberse consignado financiación.

El alcalde ha explicado que la situación se ha agravado en los últimos años por el aumento de la venta y el consumo de drogas, un factor que ha tenido una incidencia directa en la percepción de inseguridad en la zona. En este sentido, ha detallado que en los controles policiales realizados se han detectado más positivos en drogas que en alcohol, lo que, a su juicio, refleja un cambio significativo en los comportamientos apercibidos.

Cañizares ha recordado que el Ayuntamiento colabora en la parte administrativa del proceso y que recientemente se ha contado con la presencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aclarar la situación de unas propiedades que, aunque figuran inscritas en el Instituto de la Vivienda con anterioridad a la creación de las autonomías, pertenecen a la Administración regional.

Esta colaboración permitiría autorizar derribos puntuales y abordar posibles actuaciones de mejora en viviendas entregadas hace más de 50 años.

El regidor ha subrayado que en el entorno viven personas en una situación de gran vulnerabilidad, una realidad que, según ha indicado, no puede desligarse de las actuaciones de limpieza y urbanismo, aunque ha insistido en que el principal foco de preocupación es la relación entre el tráfico de drogas y el incremento de la inseguridad.

Desde 2012 se han llevado a cabo unas 40 demoliciones, aunque todavía quedan actuaciones pendientes que se han retrasado por la complejidad en la gestión de los escombros, ya que muchas de las chabolas contienen amianto, lo que obliga a coordinar los trabajos con distintas administraciones.

En cualquier caso, el alcalde ha advertido de que el problema de San Martín de Porres «no puede resolverse únicamente desde el ámbito urbanístico», sino que requiere una intervención social y administrativa más amplia.