CERMI pide reformar el IMV para reconocer el sobrecoste para las familias con personas con discapacidad

MADRID/TOLEDO 15 Nov. –

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado ante la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso un diagnóstico y guía de acción para combatir la pobreza y exclusión que afectan de manera «desproporcionada» a los niños con discapacidad.

Entre algunas de las reivindicaciones del CERMI, figuran la reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reconocer el sobrecoste de la discapacidad, la actualización de las prestaciones ortoprotésicas o la configuración de la atención temprana y el desarrollo infantil.

La delegada de Infancia con Discapacidad del Cermi, Ana Sastre Campo, ha sido la encargada de presentar ante los grupos parlamentarios la posición y propuestas del sector social de la discapacidad en materia de pobreza infantil. Para la representante del CERMI, «la lucha contra la pobreza de la infancia con discapacidad no es una opción política, sino un imperativo legal y de derechos humanos que nos interpela», ha manifestado ante sus señorías.

Sastre ha recordado que el artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024, establece un mandato reforzado para atender de forma prioritaria las necesidades específicas de la infancia con discapacidad, en coherencia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño. En este marco, ha subrayado que «el texto constitucional es claro, exige un compromiso directo que no puede quedar en declaraciones de intenciones».

La delegada del CERMI ha presentado datos recientes que acreditan el sobrecoste económico que afrontan estas familias, derivado de necesidades no cubiertas como atención temprana, terapias especializadas, productos de apoyo, adaptaciones del entorno o recursos educativos insuficientes.

Según Sastre, «a las familias con un hijo o hija con discapacidad se les impone un sobrecoste que puede encarecer la vida hasta un 40 %, y que apenas está compensado por los poderes públicos».

Este impacto, según CERMI, sumado a ingresos reducidos y a un sistema de protección social insuficiente, sitúa el riesgo de pobreza en torno al 30 por ciento, casi uno de cada tres menores con discapacidad.

Durante su intervención, Sastre ha planteado un conjunto de medidas concretas que deberían incorporarse al Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil que reclaman amplias capas sociales, entre ellas la reforma del Ingreso Mínimo Vital para reconocer el sobrecoste de la discapacidad, la actualización de las prestaciones ortoprotésicas, la configuración de la atención temprana y el desarrollo infantil como un derecho subjetivo universal y gratuito, y el refuerzo de los apoyos de la educación inclusiva sin coste para las familias.

La portavoz ha señalado que «la atención temprana universal y gratuita no es un gasto, es la inversión más inteligente que podemos hacer para romper el ciclo de la pobreza». Asimismo, ha señalado que uno de los problemas más urgentes es la puerta de entrada al sistema de apoyos, con retrasos y valoraciones mínimas en el reconocimiento de la discapacidad que dejan a muchos menores sin acceso a los recursos existentes, y recordó que sin incorporar la variable de discapacidad en el análisis de la pobreza no es posible dimensionar adecuadamente la realidad de estas familias.

Por ello, el CERMI ha pedido a los grupos parlamentarios compromisos firmes para corregir los fallos estructurales del reconocimiento de la discapacidad en la infancia, agilizar los procedimientos administrativos y garantizar que todas las políticas públicas integren variables reales de necesidad vinculadas a la discapacidad.

En su valoración final, la entidad ha subrayado que el Pacto de Estado debe incorporar de manera central las necesidades de la infancia con discapacidad para dar cumplimiento efectivo al artículo 49. «Les pido que estas propuestas no sean un anexo, sino el núcleo del Pacto de Estado contra la pobreza infantil», ha reclamado Sastre, quien ha añadido que «la dignidad de miles de niños y niñas con discapacidad depende de pasar de una vez de las palabras a los hechos».