Cecam carga contra la propuesta de la CNMC sobre retribución de redes eléctricas y avisa: «C-LM perderá competitividad»

Expertos coinciden en que estas reglas del juego «encienden las alarmas». «Se abriría una profunda brecha territorial» con C-LM perjudicada

Ante la nueva circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentada ante el Consejo de Estado sobre la retribución de las redes eléctricas, las empresas castellanomanchegas expresan su preocupación ya que la electrificación y el desarrollo industrial de nuestra región, y en especial sus zonas rurales, pueden verse gravemente perjudicadas.

En esta circular, según la patronal, se establecen unas condiciones «alejadas de las establecidas en los países del entorno», lo que lleva a una «pérdida de competitividad» en España frente al resto, en un elemento tan básico como las infraestructuras energéticas, «afectando gravemente la inversión empresarial, al no garantizarse su viabilidad debido a la falta de energía».

Algo que «a día de hoy ya está sucediendo», ya que este modelo que se pretende «prima el desarrollo a zonas con alta concentración urbana o industrial, mientras que los territorios con mayor dispersión, como ocurre en esta región, quedarían relegados».

Está situación viene siendo ya denunciada por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) que advierte que esto supone, por un lado, una imposibilidad de obtener capital y, por otro, un desincentivo a la inversión en un momento en el que se requiere un gran despliegue de infraestructuras eléctricas.

Se tiene cuantificada la necesidad de incrementar un 70% las inversiones en redes entre 2025 y 2027 para garantizar el suministro energético que precisa la industria, acompañar la descarbonización y atender las nuevas demandas de almacenamiento de datos que se vienen conociendo, sectores estos en los que nuestra región puede desempeñar un papel protagonista.

Dichos cálculos son coincidentes con las orientaciones del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aboga por elevar los límites de inversión un 62% para anticiparse a la electrificación de los sectores productivos, evitando así un empeoramiento de la calidad del servicio, además de una brecha no solo energética sino también social en territorios como esta región.

«El avance de las zonas rurales en este país solo será posible mediante su plena electrificación. Sin una infraestructura eléctrica de garantía, la actividad económica no puede desarrollarse y de ella depende la creación de riqueza y empleo en cualquier territorio y más si cabe en comunidades como Castilla-La Mancha con un grado muy importante de zonas rurales, donde esta infraestructura cobra mayor importancia si cabe», asegura la patronal.

Tanto Cecam como Cooperativas Agro-alimentarias figuran en el listado de entidades que han suscrito un documento contrario a las nuevas normas del juego planteadas por la CNMC en esta materia.

Un texto en el que junto a más de medio centenar de entidades nacionales piden a la CNMC tener en cuenta la necesidad de garantizar una mejor operación de las redes, con seguridad y calidad del servicio, evitando recortes que comprometan la fiabilidad, seguridad y continuidad del suministro eléctrico.

Piden además, asegurar la atención a todas peticiones de conexión a red y la ejecución de todas las inversiones que se incorporen a la planificación; así como valorar el impacto que sus decisiones tienen para el desarrollo de la economía del país.

Con este escenario, el sector energético industrial de Castilla-La Mancha apunta a que la circular de la CNMC de hace unos días «enciende las alarmas», y es que podría comprometer la electrificación y el desarrollo industrial de territorios rurales.

Una medida que fija una tasa de retribución financiera del 6,58%, muy por debajo de la media europea, y supondría un recorte anual de unos 650 millones de euros en la retribución a las empresas distribuidoras.

En el caso de que el Gobierno de España pueda apoyarse en esta instrucción, «se abriría una profunda brecha territorial», ya que este nuevo modelo de retribución a las redes eléctricas «discrimina de facto a las comunidades autónomas rurales» como Castilla-La Mancha, donde la densidad de población es baja y los costes de extensión de red son mayores.

«Sin redes modernas no habrá fábricas, ni centros de datos, ni nuevas viviendas; y sin industria ni empleo, tampoco habrá población que fijar en los municipios rurales de Castilla-La Mancha», coinciden varias fuentes.

Con estas reglas del juego, en lugar de facilitar el acceso a la energía, la CNMC «limita la inversión en aquellas zonas donde la conexión resulta más costosa», lo que puede generar una brecha energética y social en territorios periféricos y tan extensos como Castilla-La Mancha.

Aelec, la patronal de las grandes eléctricas de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP España, ya mostró la pasada semana «su profunda preocupación» por la última revisión de las circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la tasa de retribución financiera (TRF) y el modelo retributivo de la distribución eléctrica para el periodo 2026-2031, y ha advertido de que «compromete la electrificación y el desarrollo industrial del país».

El regulador anunció la pasada semana su decisión sobre la tasa de retribución financiera y el modelo retributivo de la distribución eléctrica para el próximo periodo regulatorio, remitidas al Consejo de Estado, que propone una ligera mejora con respecto a su anterior propuesta, del 6,46% al 6,58% -y también por encima de la vigente del 5,58%-, pero muy por debajo de las expectativas de las eléctricas, que pedían una tasa de más del 7%.

En un comunicado, Aelec subrayó que esta tasa de retribución financiera para la actividad de la distribución eléctrica se sitúa «por debajo de los niveles reconocidos en los países del entorno», lo que supone, por un lado, «una imposibilidad de obtener capital» y, por otro, «un desincentivo a la inversión en un momento en el que se requiere un gran despliegue de infraestructuras eléctricas».

Asimismo, estima que no se han considerado las orientaciones de política energética aprobadas por el Gobierno, «que instan a fomentar las inversiones en redes para acompañar la transición energética».

A este respecto, destacó que más de 67 asociaciones empresariales y sociales de todo el territorio «han alertado sobre el riesgo de colapso de las redes eléctricas españolas si no se revisan estas propuestas», solicitando a la CNMC revisar sus propuestas, «cosa que no ha hecho», alertó.

La asociación afirmó que estas decisiones llegan en «un momento clave para España» y que el país «necesita reforzar y modernizar su red de distribución para atraer inversión industrial, conectar centros de datos, habilitar almacenamiento y desplegar la nueva demanda eléctrica».

A este respecto, la asociación recordó que así se ha reconocido e intentado solucionar a través de la iniciativa del Gobierno con la tramitación de una norma para incrementar la inversión en las redes un 62%, incluyendo una parte importante para conectar a nueva demanda. «Sin embargo, la CNMC con su propuesta impide conectar a parte de los clientes que se hubiera visto beneficiados por la normativa del Gobierno», añadió al respecto.

Para Aelec, «no hacerlo supondría perder una oportunidad histórica para la competitividad, el empleo y el desarrollo económico y pondría en riesgo tanto la transición energética como el mayor desarrollo industrial que España haya tenido en décadas».