CCOO y UGT se concentran este domingo para denunciar el «oportunismo» que casi acabó con el decreto ‘ómnibus’

Pedirán a las formaciones políticas aprobar «sin más dilaciones» la revalorización de las pensiones a más de 10 millones de pensionistas

MADRID/TOLEDO, 1

CCOO y UGT saldrán a las calles de toda España este domingo 2 de febrero para denunciar el uso «oportunista» de la protección social que las formaciones políticas están haciendo y que casi hizo caer el primer decreto ‘ómnibus’ haciendo peligrar medidas como la revalorización de pensiones o las ayudas al transporte.

En Castilla-La Mancha se celebrarán en la Plaza del Altozano en Albacete, en Ciudad Real en la Plaza de la Constitución, en Cuenca en la Plaza de España, en Guadalajara en la Plaza Mayor y en Toledo en la Plaza de Zocodover.

Bajo el lema ‘Con los derechos de la gente no se juega’, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se movilizarán a las 12.00 este domingo en Madrid en la Plaza Jacinto Benavente para exigir a los grupos parlamentarios que cumplan con su palabra y aprueben el nuevo real decreto ley «sin más dilaciones», ya que el texto necesita de la aprobación del Congreso de los Diputados.

De igual manera, los sindicatos han convocado concentraciones en todas las comunidades autónomas de España para reclamar a los grupos parlamentarios que se ocupen de las necesidades de la gente y que «no vuelvan a utilizar» los derechos de la ciudadanía «como moneda de cambio».

En un manifiesto conjunto, ambas organizaciones sindicales han justificado la movilización por la necesidad de que el Parlamento esté «al servicio de la gente» y no de «estrategias de vuelo corto» que solo consiguen desprestigiar a quienes las realizan y que tienen efectos negativos sobre las instituciones democráticas.

Así, han recordado que la no convalidación del primer decreto ‘ómnibus’ puso en riesgo a más de 10 millones de pensionistas, 2 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), los beneficiarios de las ayudas de la DANA y del Volcán de la Palma, las familias vulnerables que ya no tendría la opción de paralizar sus desahucios y a más de 20 millones de personas usuarias del transporte público.

«No podemos permitir que estos derechos sean moneda de cambio en una disputa estéril y artificial con el falso argumento de si las medidas deben presentarse juntas o separadas en distintos decretos, cuando es notorio que el propósito e intención era aprovechar la ocasión para castigar a un Gobierno», han defendido desde CCOO y UGT.

En esta línea, Unai Sordo avisaba hace unos días al Congreso de los Diputados y al Gobierno que el movimiento sindical y el tejido asociativo va a permanecer «vigilante» a partir de ahora sobre las distintas leyes que se tramiten en el Congreso.

Por su lado, Pepe Álvarez explicó que mantienen la movilización para dar «un toque de atención» y con el objetivo de explicar que las medidas que se presentan en el decreto ‘ómnibus’ están «lejos de las necesidades» de la sociedad española.

LOS SINDICATOS EXIGEN RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO

A pesar de que finalmente se ha aprobado un nuevo decreto ‘ómnibus’, que fue negociado con Junts y al que previsiblemente el Partido Popular (PP) votará a favor –dos de las formaciones que votaron en contra del primer decreto, junto a Vox– las organizaciones sindicales han insistido en que saldrán a la calle a exigir «responsabilidad y compromiso».

Así, con esta movilización buscan que «nunca más» se ponga en riesgo la protección social de la mayoría social de este país y que el Gobierno mantenga su compromiso para reducir la jornada laboral por ley hasta las 37,5 horas ante la ausencia de presupuestos generales del estado para 2025, lo que está comprometiendo a un gran número de políticas públicas que se ven con dificultades para concretarse.

De igual manera, sobre las pensiones, CCOO y UGT han insistido en que se debe respetar también la sostenibilidad de las mismas y garantizar aquellas destinadas a la robustez del sistema público acordadas en el diálogo social, como la cuota de solidaridad a los salarios muy altos y el refuerzo del Mecanismos de Equidad Intergeneracional (MEI).

«Algunos partidos apoyan la revalorización, pero rechazan los ingresos que la hacen posible. Eso es poner en riesgo el sistema y abrir la puerta a su privatización», recalcan.