Castilla-La Mancha, entre las CCAA que tiene unas Servicios Sociales «débiles», según un estudio

MADRID/TOLEDO 30 Jun. –

Cerca de 20 millones de personas (el 42% de la población española) vive en comunidades autónomas con Servicios Sociales «débiles o irrelevantes», según el Índice DEC, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Según el informe, presentado este lunes, Madrid, Cantabria y Murcia tienen unos Servicios Sociales «irrelevantes», seguidas de Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana y Baleares, con unos Servicios Sociales «débiles».

Por el contrario, Castilla y León y el País Vasco tienen, según el Índice DEC, unos Servicios Sociales «medio altos» y Navarra, «medios».

Estas diferencias pueden suponer, según los autores del estudio, que los habitantes de una comunidad reciban la resolución de la valoración de la dependencia en dos meses y en otra tengan que esperar 8 meses o hasta un año.

En todo caso, el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha destacado que «claramente los datos mejoran» y los Servicios Sociales «se consolidan en este país como el cuarto pilar del Estado de Bienestar».

«El Índice mejora en cobertura, en ordenación del sistema, y donde hay un deterioro (no en todas las CCAA, pero sí en el conjunto) es en la relevancia económica, es quizá lo más preocupante», ha explicado el coordinador del Índice DEC, Gustavo García, durante una rueda de prensa para presentar el documento.

En este sentido, el estudio señala que aunque aumenta el gasto en servicios sociales por habitante (que pasa de 512 euros en 2022 a 548,1 euros en 2023, un 7% más) , retrocede por tercer año consecutivo el porcentaje del PIB que se destina a servicios sociales, pasando del 1,81% en 2022 al 1,76% en 2023.

El informe también advierte de que «se sigue sin avanzar en desinstitucionalización» a pesar de la Estrategia aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales en 2024.

Así, de los datos se desprende que la cobertura de la ayuda a domicilio «apenas ha variado desde 2010, solo un punto, del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años».

Además, los autores del estudio avisan de que si solo se tiene en cuenta la ayuda a domicilio que se ofrece a las personas en situación de dependencia, la intensidad media es de 60,2 horas para los grandes dependientes (grado III), «apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes, lo que es claramente insuficiente».

Por otra parte, el informe refleja que la Teleasistencia domiciliaria «se ha estancado en el último año» llegando al 11,1% en 2023, frente al 8,5% de hace diez años.

En este contexto, desde la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales piden «recuperar el incremenro de 600 millones de euros anuales del Plan de Choque» y condicionar esta financiación a que las CCAA no reduzcan sus propias aportaciones.

«Este año hemos cambiado el color, para recordar la marea naranja para recuperar esa demanda de defender este sistema público de servicios sociales y reclamar que no haya recortes inmisericordes que puedan perjudicar a las personas más vulnerables en estos momentos de barbarie que estamos viviendo», ha señalado Ramírez.

En el acto, la Asociación ha entregado tres reconocimientos a las CCAA que mejor puntuación han obtenido en el Índice: Castilla y León, el País Vasco y Navarra; y a tres experiencias de desinstitucionalización: el proyecto SHARE del Ayuntamiento de Fuenlabrada; el de viviendas tuteladas de mayores de Cuenca y Acompañando-T, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel.