Castilla-La Mancha cerró 2024 con un superávit de 76 millones de euros, el 0,13% del PIB regional

MADRID/TOLEDO 27 Mar. –

Castilla-La Mancha terminó el año 2024 con un superávit de 76 millones de euros, según se desprende del avance de datos de ejecución presupuestaria de las administraciones públicas correspondientes al pasado año, expuesto este jueves en rueda de prensa por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este dato refleja que el superávit de la Administración castellanomanchega fue del 0,13% del PIB.

Estos datos contrastan con los que tuvo la Comunidad Autónoma en el pasado año 2023, cuando cerró el ejercicio con un déficit de 591 millones de euros, un 1,1% del PIB regional.

A nivel nacional, el déficit del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) cerró 2024 en el 2,8% del PIB, por debajo del dato de 2023 (3,52%), y se situó en 44.597 millones de euros, logrando mejorar el objetivo comprometido por el Gobierno con Bruselas y lo exigido en el marco de las reglas fiscales europeas (3%).

La titular de Hacienda ha explicado que los datos reflejan el «saneamiento» de las cuentas públicas en un contexto internacional incierto plagado «de sobresaltos que dan más valor a los resultados que se han obtenido en España».

«España, por quinto año consecutivo, ha cumplido con su objetivo de déficit e incluso ha mejorado las previsiones que tenía planteada la propia Comisión Europea», ha destacado la responsable de Hacienda.

Con todo, el país terminó este año 2024 por debajo del umbral de déficit excesivo que fijan las reglas fiscales de la Unión Europea en el 3%, una cuestión que no sucedía desde el año 2018, según ha recordado Montero.

El déficit del 2,8% del PIB no incluye el impacto presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar los daños ocasionados por la DANA, que afectó de forma singular a la Comunidad Valenciana. Si se incluyera este gasto, el déficit se situaría en el 3,15% del PIB, lo que también supone una reducción respecto al 3,52% registrado en 2023.

Montero ha recordado que las reglas fiscales excluyen el impacto presupuestario negativo de las catástrofes naturales, como ocurrió también en el país hace más de una década, con motivo del terremoto de Lorca.