C-LM se sitúa entre las regiones donde la FP privada tiene menor preso, según CCOO

La oferta privada concentra 3 grandes bloques: sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales de alta demanda

El País Vasco (43,8%), la Comunidad de Madrid (37,6%), Aragón (35,9%) y Cataluña (35,6%) son las comunidades autónomas con mayor peso de la Formación Profesional Privada en el curso 2024-2025.

Por el contrario, las Islas Canarias (8,7%), Castilla-La Mancha (12%), Extremadura (13,9%) y Navarra (18,1%) son las regiones con menor peso de la FP privada, así como las ciudades autónomas de Melilla (0%) y Ceuta (1,4%).

Así lo refleja el informe ‘La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud. Diagnóstico sindical y desigualdades territoriales’ presentado este jueves por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO).

El estudio advierte de que esta «brecha» entre las comunidades autónomas respecto a la oferta de FP pública y privada «no es meramente administrativa», ya que «determina costes directos e indirectos para las familias, condiciona la igualdad de oportunidades, y determina un proceso directo de segregación social y educativa del alumnado».

A nivel nacional, aproximadamente un tercio de la oferta de FP corresponde a centros de titularidad privada. Aunque existen diferencias significativas entre territorios, el sindiato revela que «la tendencia general muestra un incremento sostenido del peso del sector privado en la provisión de estas enseñanzas».

CCOO avisa también en su informe de la «escasa» implantación de los cursos de especialización, tanto en el ámbito público como en el privado, ya que «la mayoría de los territorios aún no los ofertan de forma significativa», un «vacío en la oferta que, a su juicio, constituye un «ámbito de desarrollo pendiente» dentro del sistema de Formación Profesional.

El crecimiento observado en el informe de la oferta privada se concentra principalmente en dos ámbitos: la Formación Profesional Básica y las modalidades a distancia, que son precisamente las que registran un mayor dinamismo en términos de expansión de plazas y centros.

Durante la presentación del informe, la secretaria de Formación Profesional de CCOO Enseñanza, Lourdes Núñez, ha asegurado que «la FP ya no es una opción residual de los jóvenes que no saben qué hacer, no saben qué estudiar o no han tenido otras vías de salida»: «Es ya la primera vía de estudio para titular, para recualificar y para encontrar un empleo digno, incluso por encima de los estudios universitarios».

Sin embargo, Núñez ha lamentado que este incremento en la demanda «no se ve acompañado por un incremento equitativo en la oferta pública», ya que, a su juicio, «no existe actualmente una red pública que pueda asumir la demanda creciente que tiene la formación profesional».

«Si no existe una oferta pública, una red pública suficiente de FP, este es un nicho de mercado que está copando la privatización. Optar por la vía privada no es que sea una opción, es que es una deriva forzosa», ha alertado.

Para el sindicato, la privatización «produce un grave desajuste, social y económicamente, que en este caso además empeora la calidad de la enseñanza y excluye a quienes quieren acceder a ella»: «Todo ello provoca que, lentamente, se incremente el gasto en servicios privados que deben realizar los hogares».

En este sentido, el informe recoge que el gasto nominal por hogar afectado en FP superior se ha duplicado entre 2016 y 2023, pasando de 1.069 euros a 2.085 euros, a la vez que se ha incrementado el número de estudiantes que cursan este tipo de formación.

Según datos del sindicato, este gasto ha aumentado un 24,7% desde el curso 2019-2020. Mientras que en FP Básica y de Grado Medio el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año, en Grado Superior y cursos de especialización oscila entre 3.000 y 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte.

El análisis del conjunto de las comunidades autónomas muestra una concentración sistemática de la oferta privada en tres grandes bloques de titulaciones: sanidad especializada, tecnologías digitales y servicios socioculturales de alta demanda.

Así, ciclos como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Radioterapia y Dosimetría, Higiene Bucodental, Anatomía Patológica, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), Educación Infantil o Integración Social aparecen reiteradamente como «escasos o inexistentes» en la red pública de múltiples territorios, mientras que están ampliamente disponibles en centros privados, tanto presenciales como a distancia.

En su informe, el sindicato propone medidas estructurales como un Plan estatal-autonómico de expansión de la FP pública con financiación plurianual, priorizando ciclos de alta demanda y territorios con mayor privatización o listas de espera; un marco estatal de mínimos para FP en línea: calidad, tutoría, evaluación y transparencia, con inspección reforzada; o un sistema integrado de datos (observatorio público): oferta, demanda, listas de espera, abandono, titulación e inserción por ciclo, modalidad y titularidad.

También reclama el reconocimiento horario y retributivo de tutorías FCT/Dual y coordinación con empresas; reducción del trabajo burocrático improductivo; dotación de equipamientos y actualización tecnológica con criterios de equidad e inclusividad; programas de orientación y acompañamiento con enfoque de género e inclusión; o refuerzo de becas y ayudas al transporte/residencia.

En referencia a la FP a distancia, la secretaria de Juventud de CCOO Enseñanza, María del Barrio, ha reclamado «medidas claras, un registro público de centros, estándares mínimos de tutorización, presencialidad obligatoria para aquellos módulos prácticos e inspección educativa con capacidad sancionadora». «La FP a distancia no puede convertirse en un itinerario forzoso para quienes no pueden acceder a la FP presencial y pública», ha advertido.

En cuanto a la FP Dual, del Barrio ha dicho que, aunque el informe no rechaza la FP Dual, «sí alerta de los riesgos laborales que esto supone», por lo que ha exigido «garantías concretas, tutorizaciones reales tanto en centros como en empresas, evaluación de resultados de aprendizaje, derechos laborales y prevención de riesgos laborales y un control público efectivo». «La FP dual solo puede ser positiva si nos lleva a un empleo digno y con derechos para todas», ha zanjado.