C-LM reactiva su Comisión de Cambio Climático para encarar fenómenos climáticos extremos «cada vez más frecuentes»

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, está impulsando «una etapa decisiva para la acción climática en Castilla-La Mancha con la renovación de la Comisión Regional de Cambio Climático, cuyo objetivo es reforzar la coordinación institucional para avanzar en mitigación y adaptación al cambio climático y afrontar los desafíos ambientales del territorio».

De esta manera lo ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que según informa el Ejecutivo ha presidido esta Comisión, donde ha renovado su cargo como presidenta, acompañada por la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, y en la que han participado representantes de todas las consejerías y administraciones con competencias en la materia.

La Comisión, creada en 2012, se consolida tras la aprobación del Decreto 81/2025, de 14 de octubre, que moderniza su composición y funcionamiento, alineándola con la estructura actual de la Administración y con los nuevos retos climáticos de la región.

Así, la consejera ha destacado la importancia de reactivar este espacio de gobernanza conjunta, pues «los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y graves y la ciudadanía espera respuestas claras y coordinadas. Castilla-La Mancha seguirá siendo una región comprometida, responsable y proactiva ante este desafío», ha señalado Gómez.

Asimismo, ha subrayado la voluntad del Gobierno regional de avanzar en nuevas herramientas de apoyo al territorio. «Queremos fortalecer el trabajo con todos los sectores, especialmente con los más vulnerables, y explorar instrumentos innovadores como un mercado interno de gases de efecto invernadero que convierta la sostenibilidad en una oportunidad», ha señalado.

Durante la sesión, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 ha presentado los datos más recientes del Inventario Regional de Emisiones, que, como ha indicado la consejera, «son muy importantes para orientar las políticas públicas y evaluar las estrategias de descarbonización en Castilla-La Mancha».

Destacan algunos aspectos relevantes como la tendencia continuada de reducción de emisiones desde 2007, «resultado del impulso de las energías renovables y las mejoras en eficiencia y transformaciones en sectores productivos, pero con un estancamiento en la última década que hacen necesario seguir trabajando», ha indicado la consejera.

Por último, la Comisión ha conocido el proceso de elaboración de la futura Ley regional de Cambio Climático, «una de las prioridades legislativas de la Consejería de Desarrollo Sostenible en la presente legislatura», ha dicho Gómez.

En este ámbito, se ha realizado un análisis comparativo de las normativas autonómicas, nacionales e internacionales en materia climática; la sistematización de un conjunto amplio de instrumentos de mitigación, adaptación, financiación y seguimiento, que constituirán la base técnica de la nueva norma; y se ha informado sobre la celebración en el mes de marzo de dos talleres internos con todas las consejerías implicadas, con el fin de alinear criterios sectoriales y coordinar enfoques transversales.

«Queremos que esta ley nazca del diálogo y del rigor técnico, incorporando las aportaciones de todos los agentes socioeconómicos y ambientales», ha señalado la consejera, añadiendo que la futura ley será «una herramienta estratégica para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo, adaptado a la realidad climática de Castilla-La Mancha».

También se ha dado a conocer el informe actualizado de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario, desarrollada en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Entre los elementos más destacados se han presentado las oportunidades para que el sector primario participe en mercados voluntarios de carbono, generando créditos que reconozcan y remuneren prácticas climáticamente responsables.

Además del impulso del ‘insetting’, mecanismo mediante el que las empresas pueden compensar parte de sus emisiones invirtiendo en proyectos de mejora ambiental dentro de su propia cadena de valor; los avances metodológicos en la incorporación de créditos de biodiversidad, que permitirán reconocer económicamente la conservación y mejora de ecosistemas agrarios y forestales; así como la identificación de líneas de trabajo que permitirán a la región posicionarse como un territorio pionero en soluciones basadas en la naturaleza, aplicadas al sector agrario.