Biocirc pide un decreto «valiente» para aprovechar el potencial del biometano en Castilla-La Mancha

TOLEDO 6 Jul. –

La Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) ha presentado sus aportaciones a la consulta pública previa del futuro Decreto por el que Castilla-La Mancha regulará la producción de biometano, trasladando al Gobierno regional que la comunidad autónoma reúne las condiciones óptimas para situarse a la cabeza del desarrollo del biometano en España y convertir esta tecnología en una de las principales palancas de reindustrialización, progreso rural y economía biocircular.

La asociación considera que el éxito del futuro Decreto no debe medirse por el número de restricciones que incorpore, sino por su capacidad para hacer posibles proyectos excelentes desde el punto de vista ambiental, técnico y social, capaces de generar confianza en la ciudadanía, atraer inversión, crear empleo y resolver algunos de los principales retos estructurales del territorio.

«El propio Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha identificado oficialmente el extraordinario potencial de la región. Ahora el futuro Decreto debe estar a la altura de esa oportunidad y facilitar que ese potencial se transforme en impulso industrial, empleo y competitividad para el medio rural», señala Margarita de Gregorio, CEO de Biocirc.

Según el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma dispone de un potencial de producción de 8,1 TWh anuales de biometano y genera 15,7 millones de toneladas de materia orgánica susceptibles de valorización, recursos suficientes para impulsar una nueva industria renovable vinculada al territorio y contribuir a la gestión sostenible de los residuos orgánicos, la producción de energía renovable y la obtención de fertilizantes/enmiendas/componentes biobasados.

En esta línea, Biocirc valora positivamente el enfoque expresado recientemente por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, al señalar la necesidad de dotar a Castilla-La Mancha de infraestructuras que permitan tratar y valorizar los más de 15 millones de toneladas de materia orgánica que genera la región, así como al defender que el debate debe centrarse en cómo regular adecuadamente estas instalaciones y no en impedir su desarrollo.

UNA OPORTUNIDAD PARA RESOLVER RETOS ESTRUCTURALES

Biocirc recuerda que Castilla-La Mancha concentra una importante actividad agrícola, ganadera y agroindustrial, generando grandes volúmenes de materia orgánica cuya correcta valorización constituye una prioridad ambiental, económica y territorial.

Asimismo, la asociación subraya que el biometano representa una de las herramientas más eficaces para avanzar hacia una gestión más sostenible de los nutrientes, reduciendo la aplicación directa de residuos orgánicos sin tratamiento sobre los suelos y transformándolos previamente en energía renovable e insumos fertilizantes/enmiendas de mayor valor añadido.

En una comunidad autónoma que afronta importantes desafíos relacionados con la contaminación por nitratos y la gestión de los estiércoles ganaderos, señala que el biometano constituye una solución para abordar simultáneamente ambos retos mediante soluciones industriales basadas en la economía circular.

«La mejor gestión de los residuos orgánicos no consiste en desaprovecharlos, sino en convertirlos en recursos. Castilla-La Mancha dispone de una oportunidad excepcional para liderar ese cambio de modelo», afirma de Gregorio.

SEGURIDAD JURÍDICA, CRITERIOS TÉCNICOS Y CONFIANZA SOCIAL

Biocirc defiende que el futuro Decreto debe reforzar la seguridad jurídica de los proyectos y mantener un modelo de autorización basado exclusivamente en criterios técnicos, ambientales y científicos, evitando introducir procedimientos paralelos o requisitos que ya son objeto de evaluación mediante la Autorización Ambiental Integrada (AAI), uno de los instrumentos de control ambiental más exigentes del ordenamiento jurídico europeo.

La asociación reitera que las plantas de biometano se someten a procedimientos individualizados de evaluación ambiental, incorporan las mejores técnicas disponibles y permanecen sujetas a controles administrativos durante toda su vida útil, por lo que considera que la regulación autonómica debe orientarse a reforzar la excelencia de los proyectos y no a duplicar procedimientos ya previstos en la normativa vigente.

Biocirc considera que la toma de decisiones sobre este tipo de instalaciones debe seguir correspondiendo a los órganos administrativos competentes, conforme a criterios técnicos homogéneos y objetivos, como ocurre con el resto de las instalaciones industriales y de tratamiento de residuos, impidiendo trasladar dicha responsabilidad a las entidades locales mediante mecanismos que generarían inseguridad jurídica y una aplicación desigual dentro del territorio.

La asociación considera legítimo que las administraciones respondan a la preocupación existente en determinados municipios mediante más transparencia, información y participación pública. Sin embargo, advierte de que dicha preocupación no debe traducirse en un marco regulatorio que termine haciendo inviables proyectos que cumplen plenamente con la normativa ambiental vigente.

«El futuro del medio rural no puede quedar condicionado por posiciones que rechazan sistemáticamente cualquier nuevo desarrollo industrial, con independencia de sus garantías ambientales o de los beneficios que pueda aportar al territorio. La mejor respuesta frente a la desinformación no es impedir proyectos excelentes, sino demostrar con hechos que es posible compatibilizar la máxima protección ambiental con la creación de empleo, riqueza y oportunidades para las zonas rurales», señala Margarita de Gregorio.

Biocirc considera que las primeras plantas que entren en funcionamiento y acrediten elevados estándares ambientales, sociales y territoriales constituirán la mejor herramienta para generar confianza en la ciudadanía y demostrar que el biometano puede despliegue con todas las garantías.

Entre las medidas planteadas en sus aportaciones, Biocirc propone reforzar la coordinación administrativa, implantar una ventanilla única para la tramitación de proyectos, establecer plazos claros para la resolución de expedientes, coordinar el futuro Decreto con el resto del marco regulatorio estatal y europeo y reconocer aquellos proyectos que obtengan el futuro Sello de Excelencia Social, Territorial y Ambiental impulsado por el Gobierno de España.

La asociación concluye que Castilla-La Mancha reúne todas las condiciones para convertirse en una comunidad autónoma de referencia en el desarrollo responsable del biometano y hace un llamamiento al Gobierno autonómico para aprovechar esta oportunidad histórica mediante una regulación ambiciosa, técnicamente rigurosa y capaz de convertir el enorme potencial identificado por la propia Junta en inversión, empleo, desarrollo rural y liderazgo industrial.