Barbón, sobre la propuesta de Page de reunir a los presidentes para hablar de financiación: «Se debe debatir en el CPFF»

MADRID/TOLEDO 9 Jul. –

El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha defendido este jueves que la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica se debe debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya reunión está prevista para el próximo 29 de julio, en lugar de esperar a la próxima Conferencia de Presidentes, como propone su compañero socialista Emiliano García-Page.

Barbón ha respondido así al ser preguntado por la petición realizada este miércoles por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que el Gobierno convoque una Conferencia de Presidentes antes de avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, al considerar que el nuevo modelo no puede ser el «resultado del chantaje de los independentistas».

En una rueda de prensa junto a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, el presidente autonómico ha recordado que Asturias acogerá la próxima Conferencia de Presidentes, si bien ha considerado que ese foro no debe retrasar el debate. «La financiación autonómica no puede esperar», ha afirmado.

En este sentido, ha defendido que el órgano competente para abordar esta negociación es el CPFF, al que, según ha recalcado, «jurídicamente le corresponde este tipo de debate», más allá de las distintas posiciones políticas que puedan mantener las comunidades autónomas.

Las declaraciones de Barbón llegan después de que este lunes el Ministerio de Hacienda reuniera a las comunidades autónomas en un encuentro técnico para abordar la fijación de los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En este contexto, ha defendido que el proceso para elaborar los PGE constituye «el mejor paso» para despejar cualquier debate político, al considerar que las cuentas públicas son las que definen la acción y el programa de cualquier gobierno, ya sea estatal, autonómico o local.

CASO LEIRE DÍEZ

Por otro lado, el presidente asturiano ha evitado pronunciarse sobre la decisión del PSOE de no haber presentado por el momento una querella contra Leire Díez y ha asegurado que desconoce los argumentos jurídicos que está valorando la dirección federal.

En cualquier caso, ha indicado que se trata de una decisión que corresponde a la dirección federal del partido y ha considerado que, si aún no se ha adoptado esa iniciativa, será porque se están evaluando las implicaciones políticas y jurídicas del caso.

Asimismo, ha recordado que los cargos públicos tienen limitado su derecho al honor y ha lamentado que, en ocasiones, se normalicen determinadas acusaciones contra responsables políticos sin que ello tenga consecuencias.

PROCESO DE LAS OPOSICIONES

Por su parte, la consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha vuelto a defender el proceso selectivo para el cuerpo de Maestros tras la polémica generada por el elevado número de suspensos.

La titular de Educación ha precisado que alrededor del 70 por ciento de los aspirantes realizó finalmente el examen y ha explicado que el 39 por ciento de quienes no obtuvieron un cero y tampoco abandonaron la prueba a los quince minutos continúan siendo evaluados por los distintos tribunales.

Además, ha señalado que, según la valoración trasladada por esos órganos de selección, entre esos ejercicios hay, incluso, exámenes «de excelencia».

Las declaraciones de Ledo llegan después de que la Consejería defendiera este miércoles el desarrollo de las pruebas y asegurara que los tribunales habían sido «indulgentes» en la corrección.

El departamento sostuvo entonces que más del 30 por ciento de los aspirantes no se presentó o abandonó el examen a los quince minutos y apuntó que las faltas de ortografía constituyeron una de las principales causas de suspenso, junto con una preparación insuficiente, errores de sintaxis, un uso inadecuado de los signos de puntuación y problemas de comprensión lectora, según la valoración trasladada de forma unánime por los tribunales.