Banda acusada de explotar sexualmente a mujeres en Palma, Valencia y Talavera se enfrenta a 200 años de cárcel

PALMA/TOLEDO 12 Feb. –

La Audiencia Provincial de Baleares juzgará próximamente a una banda acusada de explotar sexualmente en Palma, Valencia y Talavera de la Reina a mujeres traídas de Colombia y que se enfrenta a penas de prisión que superan los 205 años de cárcel.

Los acusados, seis mujeres y cuatro hombres, estaban citados junto a sus letrados este jueves a una vista previa en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, aunque no se ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y el juicio se celebrará próximamente.

El Ministerio Público les acusa de varios delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, varios delitos de tráfico de drogas, así como coordinación y pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos.

Están acusados de formar una estructura organizada que mantenía contactos con personas asentadas en Colombia y regentaba pisos de alterne en Palma, Valencia y Talavera de la Reina para traer bajo a engaño mujeres en situación de vulnerabilidad desde aquel país y obligarlas a prostituirse.

La líder de la banda se enfrenta a cinco delitos de trata que suman 60 años de cárcel y 12 años más por tráfico de drogas y trata. Para el considerado como su mano derecha, el Ministerio Público reclama 34 años de cárcel. El resto se enfrenta a penas de los nueve a los 25 años.

La banda actuó, al menos, entre junio de 2020 y marzo de 2022, momento en que una operación policial desmanteló la estructura criminal.

Según el escrito de acusación, la banda tenía dos ramas. Por un lado, la rama colombiana, dedicada a la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad a quienes ofrecían trabajo en España, y la rama española, que repartía a las mujeres captadas por los pisos, y donde se les obligaba a satisfacer la deuda por el viaje con el dinero obtenido de la prostitución.

Para mantener sometidas a las víctimas, los acusados hacían valer sus contactos con violentas bandas en Colombia para amenazarlas con represalias a ellas o su familia.

La agrupación criminal, según el Ministerio Público, obligaba a las víctimas a estar disponibles las 24 horas del día. Vivían todas hacinadas en una misma habitación y siempre bajo vigilancia.