La Asamblea Regional de Murcia exige recuperar el tren Cartagena-Albacete y modernizar y electrificar toda la línea

CARTAGENA (MURCIA)/ALBACETE, 10

La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este martes por unanimidad una moción del PP para reclamar al Gobierno de España la recuperación del servicio ferroviario entre Cartagena, Murcia y Albacete, por Cieza y Hellín, así como la modernización integral y electrificación de esta infraestructura, cuya circulación permanece interrumpida desde febrero de 2022.

El Pleno también ha acordado ampliar hasta el 17 de marzo de 2027 los trabajos de la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras del AVE en la Región de Murcia.

La iniciativa ferroviaria ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, aunque durante el debate se han producido reproches cruzados sobre la responsabilidad de los sucesivos gobiernos en los retrasos de las obras.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha denunciado que la línea lleva más de cuatro años sin prestar servicio y ha reclamado al Ministerio de Transportes que acelere su recuperación y garantice las inversiones necesarias para modernizarla.

«Hoy es más difícil coger un tren en la Región de Murcia que hace 30 años», ha afirmado Segado, quien también ha cuestionado que se cumpla el compromiso anunciado de recuperar la circulación durante 2026.

Por parte del PSOE, Alfonso Martínez Baños ha confirmado el apoyo de su grupo a la moción, aunque ha acusado al PP de haber promovido anteriormente el cierre de esta conexión para el tráfico de viajeros. «Claro que queremos que se restablezca cuanto antes el tráfico ferroviario entre Cartagena, Murcia y Albacete, pero hay que hacerlo cuando se autorice por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria», ha señalado.

También han respaldado la propuesta Alberto Garre, de Vox; Virginia Martínez, diputada del Grupo Mixto y exintegrante de Vox, y María Marín, diputada de Podemos de la coalición Podemos-IU-AV, también integrada en el Grupo Mixto.

Martínez ha responsabilizado a PP y PSOE de los retrasos acumulados en las infraestructuras regionales, mientras que Marín ha denunciado que el Gobierno central haya incumplido los plazos anunciados para recuperar la conexión y ha cuestionado el aplazamiento de la electrificación hasta 2040. «Solamente hay una solución, señorías: renacionalización del servicio de trenes, del servicio ferroviario», ha defendido la parlamentaria de Podemos.

El Pleno ha aprobado también por unanimidad ampliar hasta el 17 de marzo de 2027 el plazo para concluir los trabajos de la comisión especial de investigación sobre los posibles perjuicios económicos causados a la Región de Murcia por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de construcción de infraestructuras de alta velocidad.

La diputada socialista Carmina Fernández ha cuestionado la urgencia de la solicitud al asegurar que la comisión no se ha reunido desde su constitución. «Resulta curioso que, después de que no se haya reunido esa comisión ni una sola vez desde que se constituyó, ahora, el día antes de que caduque, el Grupo Parlamentario Popular le dé la urgencia de alterar el orden del día», ha afirmado.

Pese a las discrepancias sobre la incorporación del asunto al Pleno, la posterior votación para ampliar el plazo de investigación ha concluido con el respaldo unánime de la Cámara.

En materia de vivienda, la Asamblea ha aprobado una enmienda a la totalidad del PP a una moción socialista para establecer ayudas directas destinadas a la compra de la primera vivienda habitual.

La enmienda ‘popular’ ha salido adelante con el voto favorable del PP y la abstención de Vox, mientras que la propuesta original del PSOE ha sido rechazada con los votos en contra de ambas formaciones.

El diputado del PP Antonio Landáburu ha defendido las medidas autonómicas para facilitar el acceso a una vivienda, entre ellas la Línea Aval Joven, el tipo reducido del 3% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para menores de 40 años y una convocatoria anunciada de 16 millones de euros de ayudas al alquiler joven.

«Hoy vienen a presentar una ayuda más sin concretar nada, sin presupuesto, sin decir a cuántas familias va a beneficiar ni cómo se va a recibir», ha criticado Landáburu, quien también ha defendido el modelo regional de vivienda asequible.

Por su parte, el socialista Miguel Ángel Ortega ha denunciado el encarecimiento de los inmuebles y la concentración de viviendas en manos de grandes propietarios. «El problema de la vivienda es la batalla por la riqueza y es lo que está haciendo enfrentar a generaciones y a trabajadores entre sí», ha afirmado.

Desde el Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, de IU-Verdes, ha atribuido el encarecimiento de la vivienda a la especulación inmobiliaria y a la ausencia de políticas públicas, mientras que José Ángel Antelo, exdirigente de Vox, ha defendido la construcción de vivienda pública y la reducción de impuestos.

El diputado de Vox Pascual Salvador ha cuestionado la eficacia de las ayudas directas a la compra al considerar que pueden contribuir al aumento de los precios si no se incrementa la oferta. «El objetivo debe ser que una familia pueda encontrar una vivienda porque existe oferta, no porque la Administración le entrega un cheque», ha manifestado.

Por último, la Asamblea ha rechazado una moción del Grupo Mixto para cambiar la denominación del IES José Ibáñez Martín de Lorca en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, al considerar sus promotores que el centro no debería conservar el nombre del que fuera ministro de Educación durante la dictadura franquista.

El diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos ha recordado la responsabilidad de Ibáñez Martín en la depuración del profesorado durante el franquismo y ha defendido que la legislación estatal obliga a retirar las denominaciones de centros públicos contrarias a la memoria democrática.

«¿Cómo es posible que hoy en día haya en el frontispicio de un centro educativo de nuestra región el nombre del mayor represor de maestros y enseñantes que ha conocido la historia de nuestro país?», ha preguntado.

La diputada de Podemos María Marín ha respaldado la iniciativa y ha considerado inadmisible que un instituto público mantenga esa denominación. «Un centro de educación público en un país democrático no puede seguir llevando en el año 2026 el nombre de un represor de la educación», ha afirmado.

Por parte del PSOE, Lola Jara ha defendido una enmienda para revisar también los nombres de otros centros educativos de la Región vinculados, según su grupo, al franquismo. En contra de la propuesta se han posicionado Vox y PP.

El diputado de Vox Antonio Martínez Nieto ha criticado la Ley de Memoria Democrática, mientras que el popular Carlos Albaladejo ha argumentado que la Consejería de Educación no puede modificar unilateralmente la denominación de un centro educativo.

«La Consejería no cambia nombres de forma unilateral, los cambia a propuesta del Consejo Escolar», ha asegurado Albaladejo, quien ha cuestionado además la propuesta socialista de revisar denominaciones vinculadas al ingeniero Juan de la Cierva, cuyo nombre también identifica premios nacionales de investigación científica.