‘Dipualba Responde-Inversiones’ roza el millón de euros en su sexta resolución con 28 actuaciones para 18 ayuntamientos

ALBACETE 18 Sep. –

El Gobierno de la Diputación de Albacete ha firmado la sexta resolución de la convocatoria ‘Dipualba Responde-Inversiones 2026’, autorizando una nueva inyección económica de más de 919.000 euros. Con esta adjudicación se da luz verde de forma directa a un lote de 28 actuaciones para 18 ayuntamientos de la provincia.

Las localidades beneficiadas en este sexto decreto son Casas de Lázaro, Socovos, Férez, Montealegre del Castillo, La Gineta, Robledo, Villamalea, Tobarra, Mahora, Bonete, Madrigueras, Higueruela, Casas Ibáñez, Pétrola, Albatana, Pozo-Lorente, Peñascosa y El Ballestero. Esta nueva remesa refuerza el compromiso del Gobierno provincial con la autonomía local, dentro del presupuesto global del programa que roza los 14 millones de euros tras la inyección extraordinaria de remanentes acordada este año.

Según ha informado la Diputación en nota de prensa, en el ámbito de la innovación y la seguridad en el medio rural, destaca Tobarra, que recibe 35.865,00 euros para el desarrollo de ‘Tobarra segura’, un proyecto centrado en la implantación de un sistema inteligente de videovigilancia y una red municipal de geolocalización de diseminados, complementado con casi 35.000 euros para la climatización de sus edificios públicos.

En el apartado deportivo y de alternativas saludables para los jóvenes, Madrigueras impulsa la creación de una pista pumptrack con una ayuda de más de 28.000 euros, inversión que combina con más de 88.000 euros destinados a la renovación de redes de agua en sus zonas norte y sur.

En materia de calidad del agua y tecnología ambiental, Higueruela realiza dos actuaciones estratégicas: la sustitución del variador de frecuencia en su instalación fotovoltaica de bombeo solar (más de 13.125 euros) y la renovación de resina selectiva para la eliminación de nitratos en el agua de consumo humano (12.925 euros). Por su parte, Casas Ibáñez equipará con una reja automática de desbaste el pozo de su EDAR (más de 5.000 euros).

En cuanto al análisis económico de las ayudas aprobadas, destaca Casas de Lázaro, con cerca de 108.000 euros para la reforma del Centro Social municipal en las antiguas escuelas de El Cucharal; Pozo-Lorente, con casi 100.000 euros dirigidos a diversos proyectos de inversión e hídricos; Peñascosa, con 85.000 euros para la rehabilitación de la vivienda de la casa del forestal; y Albatana, con más de 67.000 euros para la renovación del alumbrado público.

En las intervenciones más quirúrgicas se sitúan Villamalea, con casi 2.800 euros para renovar el pavimento de vestuarios en su campo de fútbol; Pétrola, con unos 5.000 euros para el clorador del depósito municipal; o Férez, con cerca de 9.500 euros para la adquisición de mobiliario municipal.

ATENCIÓN AL PATRIMONIO, PEDANÍAS Y DESAMIANTADO

La discriminación positiva hacia el territorio disperso vuelve a materializarse en actuaciones concretas. Pétrola es uno de los municipios más beneficiados al sumar 5 intervenciones que contemplan desde el ciclo del agua (bienes de bombeo, clorador, reparación de piscina y sustitución de la cubierta del depósito) hasta la remodelación de la Casa de la Cultura en la pedanía de Las Anorias. Asimismo, Peñascosa destina 30.000 euros al arreglo y pavimentación de calles en la pedanía de Cañada Seca.

Por otro lado, la línea obligatoria de eliminación de sustancias peligrosas suma un nuevo hito en Mahora, que recibe 19.000 euros para la retirada de la cubierta de fibrocemento (amianto) en los vestuarios de su campo de fútbol, en combinación con obras de pavimentación y abastecimiento.

Este sexto decreto reitera la agilidad del procedimiento al tramitar renuncias voluntarias de proyectos por parte de ayuntamientos como Tobarra, El Ballestero o Peñascosa, permitiendo a los consistorios reorganizar de forma dinámica sus prioridades de inversión.

De acuerdo con las bases reguladoras, la Diputación dispondrá el anticipo inmediato del importe de las subvenciones concedidas. Los ayuntamientos dispondrán hasta el 30 de abril de 2027 para justificar la documentación, debiendo estar emitidas las facturas como máximo el 31 de marzo de 2027.