Cabañero respalda las peticiones de las diputaciones en materia de financiación justa y soluciones frente a despoblación

ALBACETE 25 May. –

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha participado este lunes en la reunión que la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación de Valencia.

Un encuentro en el que se han abordado propuestas clave para reforzar el municipalismo, garantizar la equidad territorial y dotar a las administraciones provinciales de mejores herramientas para asistir a los ayuntamientos, especialmente en el medio rural, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido la defensa de una financiación local suficiente, justa y adaptada a la realidad de los territorios, así como la reivindicación de la autonomía local.

En este contexto, Cabañero ha respaldado el impulso para avanzar hacia el reconocimiento legal de las diputaciones como «entes de cohesión territorial», poniendo en valor su papel en la asistencia, cooperación y coordinación de los municipios con menor capacidad. «El municipalismo y las diputaciones somos parte fundamental del Estado y de la vida cotidiana de la ciudadanía.

Sin una financiación adecuada, conforme a los servicios y a las características territoriales, no es posible garantizar la cohesión social ni la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el medio rural y quienes lo hacen en grandes ciudades», ha señalado.

El reto demográfico, uno de los frentes de acción claves en la hoja de ruta del Gobierno de Cabañero, ha sido otro de los grandes bloques de trabajo, con especial relevancia para provincias como la de Albacete.

Entre las iniciativas planteadas en el encuentro, destacan la creación de un Fondo Provincial de Nivelación Territorial, destinado a asegurar servicios básicos en los municipios más pequeños; el impulso de un plan permanente de asistencia técnica y financiera para localidades de menos de 5.000 habitantes; la necesidad de garantizar financiación específica para movilidad rural y conectividad digital; y la incorporación de una «cláusula rural» en la contratación pública, que permita introducir criterios sociales y territoriales.

Además, se ha insistido en la importancia de que la legislación estatal incorpore una verdadera perspectiva rural, capaz de responder a los desafíos estructurales del territorio. En este sentido, Cabañero ha subrayado que «nuestros pueblos necesitan recursos, herramientas y sensibilidad normativa diferenciada para seguir siendo espacios de vida, oportunidades y futuro».

AGILIDAD ADMINISTRATIVA

Otro de los asuntos más relevantes ha sido la necesidad de reducir los obstáculos burocráticos que afectan especialmente a los pequeños ayuntamientos. Un campo en el que los y las representantes provinciales han abordado la propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría: habilitar la colaboración supramunicipal en la tramitación de expedientes; agilizar procedimientos como licencias urbanísticas o ejecución de obras y mejorar la coordinación entre administraciones.

Esta medida facilitaría que las diputaciones puedan prestar más asistencia técnica especializada, reduciendo tiempos de tramitación, evitando retrasos estructurales y aportando mayor seguridad jurídica.

La Comisión también ha analizado reformas para modernizar la gestión económica de las entidades locales, entre ellas la modificación de la normativa de haciendas locales para permitir la creación de fondos sin personalidad jurídica. Este instrumento permitiría a las diputaciones desarrollar mecanismos de financiación más ágiles e innovadores, facilitando la puesta en marcha de proyectos públicos sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas.

Asimismo, se han abordado otras iniciativas orientadas a mejorar la gestión pública, como la incorporación de modelos de contratación basados en impacto social. Durante la reunión también se ha puesto de manifiesto la preocupación por el impacto que determinadas leyes pueden tener en los ayuntamientos, especialmente en los de menor tamaño.

En concreto, se ha analizado la aplicación de la normativa en materia de bienestar animal, destacando la necesidad de que cualquier nueva obligación venga acompañada de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para su cumplimiento.

A lo largo de la sesión, se ha reforzado el papel de las diputaciones como administraciones imprescindibles para: garantizar servicios básicos en el medio rural; apoyar a los municipios con menos recursos y vertebrar el territorio y fijar población.

«Las diputaciones somos parte de la solución a muchos de los grandes retos del país, desde la despoblación hasta la prestación de servicios públicos. Para seguir siéndolo, necesitamos financiación, herramientas y un marco normativo que tenga en cuenta la realidad de nuestros territorios», ha valorado.