AIReF dice que el aumento de capacidad de gasto de las CCAA tiene que compensarse en la Administración central

MADRID/TOLEDO 4 Sep. –

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz, ha señalado que, si el nuevo sistema de financiación autonómica incrementa la capacidad de gasto de las comunidades autónomas (CCAA), debe reducir simétricamente la capacidad de gasto de la Administración central para que no se produzca un incremento neto del gasto computable que afecte a la sostenibilidad.

Durante su participación en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Olóndriz ha delimitado el papel de la AIReF como garante de la sostenibilidad y ha recordado que «no corresponde a esta institución pronunciarse sobre el reparto de recursos entre administraciones ni sobre la configuración concreta del sistema de financiación autonómica», al tratarse de decisiones de naturaleza política que competen al Gobierno, a las comunidades autónomas y, en último término, al legislador.

La AIReF ha señalado que «todavía no resulta posible realizar una valoración cerrada de sus efectos sobre la sostenibilidad, porque hay dos elementos especialmente relevantes que deben concretarse». En primer lugar, el acuerdo prevé una modulación temporal de la percepción de los recursos de 2027, de modo que el porcentaje aplicado a las entregas a cuenta sea inferior al 95% hasta en tres puntos porcentuales.

La AIReF considera que será necesario cuantificar su impacto sobre la financiación efectiva de las CCAA en el primer año de aplicación y precisar cómo se producirá su posterior regulación.

En segundo lugar, el acuerdo «remite a futuros desarrollos normativos para que el gasto adicional de las CCAA financiado con los nuevos recursos permanentes no compute a efectos de la regla de gasto nacional. Además, no se hace ninguna mención a su impacto sobre otros subsectores».

Así, si el nuevo sistema de financiación autonómica incrementa la capacidad de gasto de las CCAA, debe reducir simétricamente la capacidad de gasto de la Administración central. «En caso contrario, se produciría un incremento neto del gasto computable que afectaría a la sostenibilidad».

Además, señala que hay que tener en cuenta que la situación de las CCAA es muy heterogénea en términos de déficit y deuda.

La AIReF considera que «será necesario precisar el alcance de este cambio normativo y, sobre todo, asegurar su coherencia con la senda europea de gasto primario neto y con los compromisos agregados del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP)».

La institución podrá completar su valoración sobre las implicaciones fiscales de la reforma y valorar si su diseño y aplicación son compatibles con la sostenibilidad a medida que se concrete su desarrollo legal.