Agricultura modificará la Ley del Medicamento para permitir a los veterinarios prescribir según su criterio

La modificación atendería una de las principales reivindicaciones del sector, pero ignora otras

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentario (MAPA) modificará el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios para permitir que los veterinarios prescriban medicamentos «siempre sobre la base de su juicio clínico» y «cuando concurran circunstancias clínicas no previstas» en la autorización de comercialización o registro del producto.

Así lo contempla en el texto que Agricultura ha sacado a audiencia e información pública desde este viernes y hasta el 19 de febrero. A juicio de la Organización Colegial Veterinaria Española (OCV), este texto recoge una de las históricas demandas del sector: la libertad de prescripción.

En concreto, el texto propuesto por el Ministerio dice que los medicamentos veterinarios se prescribirán y utilizarán según los términos de la autorización de comercialización o registro. El veterinario podrá ajustar el tratamiento de un medicamento para garantizar «un efecto suficiente con el menor riesgo posible de aparición de acontecimientos adversos» atendiendo a la necesidad de garantizar el bienestar físico del animal.

Esta demanda –la libertad de prescripción– había puesto en pie de guerra al sector contra Agricultura desde que entraron en vigor en 2025 ciertas disposiciones del Real Decreto que afectaban a los veterinarios de animales de compañía. Desde entonces, se han sucedido varias manifestaciones por toda España en la que el sector había demandado cambiar la normativa o derogarla. La última tuvo lugar el pasado mes de noviembre, con una cacerolada frente al Ministerio.

Uno de los caballos de batalla de los veterinarios ha sido la defensa de la cesión de medicamentos, una posibilidad ante la que los dueños de las mascotas han mostrado su preocupación por si se pudiera tardar demasiado en encontrar los medicamentos necesarios para sus animales si no se podían obtener en el propio centro veterinario.

En este sentido, el texto permite la entrega sin ánimo de lucro de medicamentos por parte del profesional prescriptor al propietario del animal. La idea es asegurar la continuidad del tratamiento siempre que concurra alguna dificultad específica para el acceso a la medicación (o simplemente completar el tratamiento, en el caso de los animales de compañía).

Por su parte, la OCV ha lamentado que se mantenga en la definición la exigencia de que ésta sea sin ánimo de lucro y que no se contemple a los animales de producción, algo que según la organización «establece una diferencia de trato no justificada en modo alguno».

Otro tema que ha provocado diferencias entre Agricultura y los veterinarios ha sido la «carga burocrática» que, a juicio de los profesionales, suponía el hecho de tener que registrar sus prescripciones en la base de datos Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos (PRESVET).

Frente a esto, el texto asegura que busca reducir las cargas administrativas derivadas de PRESVET y simplificar la sistemática de notificación de recetas. En concreto, rebaja algunos requisitos.

Por ejemplo, propone cambiar los requisitos de las prescripciones de medicamentos para que, por ejemplo, el veterinario tenga que sólo tenga que explicar la cantidad total que se estima que se va a utilizar en el tratamiento en el caso de las recetas de antibióticos y sólo para las de botiquín.

Asimismo, plantea que los profesionales no tengan que comunicar las recetas en animales de producción en el caso de que éstas sean de no dispensación. Desde el punto de vista de la OCV, esto se limita a «simplificar ligeramente» el sistema, pero «mantiene la mayoría de los requerimientos a diferencia del resto de países europeos y duplicando la carga burocrática de los profesionales».

«Pese a estar totalmente comprometidos con las políticas de lucha frente a las resistencias a los antibióticos, los datos de dispensación, que ya son recogidos a través del sistema ESUAVet, reflejan mejor el uso de antimicrobianos que los de prescripción y son, por tanto, más útiles en el seno de las políticas sanitarias frente a esta problemática», ha recalcado .

A su juicio, el sector veterinario español mantiene niveles bajos y controlados de resistencias antimicrobianas, «fruto de una práctica responsable y comprometida con las políticas One Health». «Es necesario que las administraciones permitan a los profesionales sanitarios dedicar más tiempo a la asistencia de los pacientes que a cargas burocráticas duplicadas, algo por lo que ya se lucha desde las instituciones europeas», ha incidido Moreno del Val.

La organización colegial critica que el proyecto de Real Decreto siga conteniendo «limitaciones» en el uso de antimicrobianos, pero celebra que contemple la posibilidad de este tipo de productos con fines profilácticos y metafilácticos y que diga que a estos efectos serán aplicables los Protocolos de tratamiento aprobados en el seno del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN).

A su vez, pone en valor que Agricultura incluya la posibilidad de que un veterinario autorice la utilización del medicamento sobrante de una receta anterior en animales de producción. En concreto, el texto explica que el medicamento en cuestión deberá haberse mantenido en su envase original en la misma explotación y en las condiciones previstas para su conservación. Además, especifica que este apartado no se aplicará en el caso de piensos medicamentosos destinados a animales de producción. «Contribuye a una práctica más racional y eficiente», ha destacado la OCV.

La Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) se ha opuesto este viernes a la valoración de la OCV y ha acusado a la organización colegial de haber optado por «defender cambios cosméticos» y de «posicionarse públicamente» contra la derogación de la Ley del Medicamento.

«Esta postura se ha materializado en reuniones bilaterales con responsables del MAPA al margen de las reivindicaciones mayoritarias del sector, así como en el respaldo a una sucesión de notas interpretativas que no resuelven la inseguridad jurídica ni los problemas operativos del texto normativo», ha denunciado la organización.

Además, ha criticado que sus propuestas, «orientadas a una reforma profunda y técnicamente sólida, hayan sido ignoradas de manera reiterada». «Esta dinámica evidencia una falta de voluntad real para afrontar los efectos negativos del RD 666/2023 sobre los veterinarios independientes, el sector empresarial y el conjunto del sistema de atención sanitaria animal», ha lamentado.

Por su parte, CEVE ha recalcado su rechazo al texto que, desde su punto de vista, «no corrige los problemas estructurales planteados en el Real Decreto 666/2023», sino que «agrava el daño al sector y a la salud pública». «(Las modificaciones planteadas) se limitan a introducir ajustes formales y nuevas interpretaciones que perpetúan un modelo fallido», ha denunciado la patronal.

A su juicio, pedir una derogación completa de la Ley del Medicamento y no una reforma «no es una posición maximalista, sino una conclusión técnica basada en la experiencia acumulada desde su aplicación». «Mantener la norma, aunque sea parcialmente retocada, prolonga un escenario de bloqueo que perjudica tanto a los profesionales como a la ciudadanía», ha advertido.