Actualización digital y fijar tiempo para levantar secretos, propuestas de catedrático para reformar la Ley de Secretos

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Francisco Javier Díaz Revorio, considera que la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, un texto de 1968 modificado en 1978, que es de las «pocas leyes preconstitucionales que quedan» en el país, debería establecer un periodo de tiempo concreto para el «levantamiento automático» de los secretos.

En una entrevista con Europa Press, y preguntado por esta norma –después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya invitado a su reforma esta semana con motivo de la desclasificación de los documentos del 23F–, Revorio ve «oportuno y conveniente» acometer su reforma, ya que el contexto político en el que se creó «era muy distinto».

Aunque la Constitución desde el momento en que se aprueba prevalece sobre todas las leyes preconstitucionales y por eso sobre esta norma no existe un problema de «inconstitucionalidad» –todo se interpreta de conformidad con la Constitución–, considera que han pasado ya 57 años y deberían acometerse mejoras que lleven a una «legislación más moderna, más actualizada, más conforme con un principio de transparencia».

En su opinión, esa reforma debería recoger una modernización y actualización de aspectos vinculados a las nuevas tecnologías, a la digitalización y a la reproducción, pero también establecer un periodo de tiempo para el «levantamiento automático» de los secretos, habida cuenta de que actualmente es el gobierno el que decide «lo que se declara secreto» y «cuándo y cómo levanta el secreto o si no lo levanta».

Al respecto, propone como regla general que, transcurrido medio siglo, si no se dispone otra cosa, se levantase el secreto, siempre respetando el margen de valoración que un gobierno debe tener «sobre lo que debe ser secreto y lo que no, y sobre cuánto tiempo hay que mantener el secreto».

Esto redundaría en una ley «más democrática» donde tenga «más peso» el control parlamentario sobre la actuación del gobierno –siempre respetando su primacía–, y si es consesuada y se hace contando con expertos que digan qué tipo de cosas se pueden mejorar, pues sería una «buena reforma».

«Si ahora hay que redactar una ley no se parecería mucho a la de 1968», indica, detallando que «la diferencia es que en una dictadura el secreto y las facultades del gobierno van a prevalecer, va a ser lo más importante, y en una democracia van a existir, pero van a estar sometidos a otros principios más importantes, como la transparencia, el pluralismo político o el control parlamentario», concluye.