La nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha estrenado su nuevo cargo en el Gobierno de España lanzando un mensaje a los pequeños propietarios, diciendo que también se les protegerá, especialmente a los que han dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda vivienda.

Cogiendo el testigo de su predecesora en el cargo, Raquel Sánchez, la nueva ministra ha asegurado que la actual Ley de Vivienda, aprobada en la última legislatura, ya protege a estos pequeños propietarios, pero ha defendido que seguirá trabajando en ello.

«Quiero tener también un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España, muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo, todo su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger», ha señalado.

También se ha referido en varias ocasiones a la vivienda como «derecho constitucional», asegurando que cada español tiene derecho «a un techo donde albergar la educación de sus hijos o proyectarse personal y laboralmente».

Rodríguez también ha tenido palabras para los jóvenes y para las dificultades que estos encuentran para acceder a la vivienda: «Quiero hacerme cargo de esa sensación, de esas miles de familias españolas, de la frustración de mucha juventud que tiene serias dificultades para acceder a una vivienda», ha añadido.

La ministra ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haberle concedido el «honor» de dirigir esta cartera y por apostar por este nuevo Ministerio enfocado exclusivamente a la vivienda, algo que ha defendido que solo ha pasado con gobiernos del PSOE, para que sea una «política de país».

«Después de 45 años, hemos logrado tener una ley que dé responsabilidad a la vivienda. Nos ha costado pero está aquí y no vamos a buscar ahora culpables, sino aportar soluciones. Me voy a empeñar en que ésta sea una política de país con un pacto entre todas las administraciones públicas y los actores y operadores del sector para aquilatar este derecho constitucional, con absoluto respeto y lealtad a la cooperación con el resto de administraciones públicas», ha señalado.