El Constitucional admite a trámite los recursos de García-Page y de las CCAA del PP contra la amnistía

Admite a tramite dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el TSJ catalán y deja pendiente una tercera

MADRID/TOLEDO, 17

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este martes los recursos presentados por las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el Gobierno socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, así como las tres cuestiones formuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), contra la ley de amnistía, según han confirmado fuentes de la corte de garantías a Europa Press.

En concreto, el Pleno ha examinado la admisibilidad de los recursos de inconstitucionalidad presentados por los gobiernos de Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y por los gobiernos y parlamentos de Cantabria y Murcia.

El Constitucional ha actuado como ya hizo con el primer recurso promovido por una comunidad autónoma, el de las Cortes de Aragón, admitiéndolos a trámite. Los magistrados abrieron las puertas del TC a la impugnación aragonesa después de que los letrados del Constitucional resolvieran por unanimidad que las regiones están legitimadas para recurrir la ley de amnistía.

Cabe recordar que el primer recurso de inconstitucionalidad contra la norma jurídica destinada a amnistiar el ‘procés’ que se admitió a trámite fue el firmado por diputados del PP.

En el marco del Pleno de este martes, los magistrados también han admitido a trámite dos de las tres cuestiones de inconstitucionalidad lanzadas por el TSJ catalán. Según las fuentes consultadas, una de las cuestiones ha quedado pendiente y se ha remitido al fiscal porque se planteó al mismo tiempo que una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así las cosas, tras este Pleno –el último del año–, quedan admitidos a trámites todos los asuntos relacionados con la amnistía, a excepción de esa cuestión planteada por el TSJC, lo que dejará la decisión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley para 2025, de acuerdo con las referidas fuentes.